Macri dio marcha atrás.

La Cámara Nacional en lo Comercial convocó a una nueva audiencia entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. para el 16 de marzo próximo, después que el gobierno de Mauricio Macri presentara esta mañana un escrito para dejar sin efecto el acuerdo del 28 de junio del año pasado.
La convocatoria a la nueva audiencia dentro del concurso preventivo de la empresa de la familia Macri, fue realizada por la de la Sala B de la Cámara, María Lilia Gómez Alonso Díaz de Cordero, según dijeron fuentes judiciales.
«Fíjase audiencia para el día 16 de marzo del corriente a las 11 horas, a la cual deberán comparecer las sindicaturas actuantes y la concursada, invitando asimismo a la Sra. Fiscal General de la Cámara», dispuso la jueza en la convocatoria.
El llamado a la nueva audiencia se produjo luego de que el Gobierno se presentara esta mañana ante la Cámara para solicitar que el acuerdo alcanzado en junio de 2016, pero no homologado, quedara sin efecto.
También el Correo Argentino presentó un escrito en el que, a través de su presidente, Jaime Cibils Robirosa, pidió la celebración de una audiencia pública «a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal» con «una solución justa y equitativa para todos los interesados».
La decisión del Gobierno de solicitar la suspensión del acuerdo se produjo luego de que la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, sostuviera que era «abusivo» y perjudicial para las arcas del Estado.
La fiscal Boquin emitió dos dictámenes en los que criticó el acuerdo, pero no había expuesto en la última audiencia porque no había sido convocada, algo que cambió en esta oportunidad aunque todavía no fue notificada.
En sus dictámenes, la fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo «una condonación de la deuda» por más de 4.000 millones de pesos, en valores actuales.
Boquin también agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.
Para emitir sus dictámenes, la fiscal se había apoyado en informes de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de 4277,6 millones de pesos en la actualidad, o de más de 70 mil millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota, si se considera que la deuda de la empresa data del año 2001.