Jorge Triaca soltó entre risas la comparación en la UIA, el martes, cuando empezaron a escucharse las objeciones de los industriales del interior a la reforma impositiva que presentó raudamente Nicolás Dujovne antes de irse a otra reunión. El tucumano Roberto Arano y el salteño José Urtubey acababan de advertir que homogeneizar los aportes patronales en todo el país como propone el Gobierno beneficiaría a la provincia y la ciudad de Buenos Aires en desmedro de las economías regionales, donde hoy se paga menos para compensar su lejanía de los puertos de exportación y los centros de consumo. Fueron las únicas quejas de una mesa donde primaba la satisfacción por el resto del paquete de medidas, además de las que esbozó Adrián Kaufmann (Arcor) por los impuestos al azúcar y las de los bodegueros de Cuyo, que consiguieron rápido revertir los suyos.
La respuesta del ministro de Trabajo dejó dos certezas en los dueños de las fábricas: que la resistencia de la CGT a la flexibilización laboral es menos enérgica de lo que temían y que el “reformismo permanente” apunta a redistribuir recursos entre distritos como nadie se atrevió a hacerlo desde la reforma constitucional de 1994. El plan que presentó ayer el Presidente para saldar a favor de María Eugenia Vidal la cinchada con el resto de los gobernadores por el Fondo del Conurbano terminó de confirmar lo segundo. Es una carambola refundacional, económica pero también política: Macri aspira a aprovechar su victoria electoral para hacer con los peronistas provinciales lo mismo que Bartolomé Mitre con los federales después de Pavón.
Vidal leyó y aceptó la propuesta antes de fotografiarse el lunes con Ricardo Lorenzetti, desde cuyo despacho insistieron en que no habían hablado del caso para evitar que lo acusaran de violar la norma que le impide recibir a una sola de las partes litigantes. El esfuerzo del supremo por mantener las formas chocó con lo que dejó trascender la gobernadora al salir: que era “optimista” acerca de la solución de un reclamo “justo y legítimo” como el de ese fondo, creado por Carlos Menem en 1992 para convencer a Eduardo Duhalde de tomar el timón bonaerense y congelado en 1995 para que la provincia volviera a depender de la caja nacional. Pragmático como sus colegas de Comodoro Py, Lorenzetti evitó desmentirla. Le regaló así una carta de triunfo de cara al encuentro de ayer, donde los caciques provinciales hicieron lo mismo que los popes cegetistas ante Triaca: tomar nota con gesto adusto.
Agujero negro
La reforma impositiva, con los agregados de ayer, amenaza con agravar desde el reparto de los recursos una enfermedad crónica argentina: la macrocefalia bonaerense. Los dominios de Vidal, ese 9% de la superficie nacional donde vive un 39% de la población y donde se producen un 30% del PBI y un 34% de las exportaciones, encierran una larga historia de fracasos. Dos tercios de su población se apiñan en el Conurbano, que apenas ocupa un 1% de su territorio. Sus bolsones de pobreza son un desafío difícil, porque volcar allí más recursos implica quitárselos a provincias más pobres y puede fomentar nuevas migraciones internas. El reformismo permanente podría sortear esa trampa del “suma cero” y sumar recursos apelando a impuestos directos a la riqueza, como el de Bienes Personales, que el Congreso votó eliminar gradualmente el año pasado como parte de la ley de blanqueo de capitales. Pero como su meta es reducir la presión impositiva sin reparar en quiénes sienten la presión, la Nación optó por resignar sus propias cajas aún a riesgo de incubar un próximo default. La reforma de Ganancias y del impuesto al cheque que propuso ayer Macri a los gobernadores para saldar la disputa del Fondo del Conurbano equivale a transferirle $ 20.000 millones anuales a Vidal sin afectar al resto. ¿Quién pone entonces la diferencia? El Tesoro.
El fisco nacional es también el que pagará los aportes patronales que dejen de abonar empresas grandes y chicas después de la reforma laboral, como ocurrió con la rebaja que dispuso Domingo Cavallo en 1993. El economista Claudio Lozano estimó ayer que al cabo de cinco años, cuando entre en vigencia plenamente, el Tesoro habrá renunciado por esa quita al equivalente de $ 208.000 millones de hoy. Una agujero fiscal autoinfligido que empieza a encender alarmas como la de Standard&Poor’s, que ubicó a la Argentina entre los cinco países más frágiles del planeta frente a una eventual suba de la tasa de interés internacional. Los otros cuatro, según la calificadora, son Turquía, Egipto, Qatar y Pakistán. El derrumbe de 2001 parece haber dejado más enseñanzas en Wall Street que frente a la Plaza de Mayo.
Non-stop
Aunque el diario español El País haya comparado en marzo a Vidal con Margaret Thatcher en medio de su combate contra la huelga docente bonaerense, el nuevo candidato a emularla es el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, quien se prepara para una guerra sin cuartel con los aeronáuticos como la que libró la Dama de Hierro contra los mineros galeses entre 1984 y 1985. Ayer, el exejecutivo de Techint concretó su amenaza de levantar dos vuelos semanales a Barcelona anticipándose al conflicto que se reanudará tras la conciliación obligatoria todavía en vigor. El martes, en un cóctel frugal que sirvió a la prensa, el ingeniero lanzó su propia reversión del “ramal que para, ramal que cierra”: “Si no tengo pilotos, no vuelo”, dijo.
Hay un hilo conductor entre la reforma laboral, la paritaria que volverá a tensarse el miércoles tras un nuevo plenario de los gremios aeronáuticos, la inflación que no perfora el piso del 23% anual y la nueva suba de tasas de interés que dispuso esta semana el Banco Central: la puja distributiva. El Gobierno aspira a bajar más el costo laboral para satisfacer reclamos como los que le hicieron a Macri las multinacionales energéticas y los fondos de inversión con los que se reunió en Nueva York. El salario real se mantuvo en promedio durante lo que va de mandato de Macri un 5,9% por debajo de noviembre de 2015, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (UMET). Pero eso, según comprobó en la Gran Manzana el Presidente junto a sus promotores Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain, no alcanza para seducir al capital extranjero. Para concretar esa rebaja del costo laboral, además de la reforma de las leyes, el Gobierno necesita una victoria social como la que obtuvo Thatcher tras un año de combatir a los mineros. Aquella reforma estructural se afianzó tras ese hito, que aplacó la resistencia contra el resto de los planes reformistas de Maggie. Es el rol que parece haber encontrado Guillermo Dietrich para los aeronáuticos, en especial para los pilotos. Son el blanco ideal: ganan diez veces más que el promedio de los ocupados y son pocos.
Los jueces laborales también cederán un poco, como pidió Marcos Peña. A partir de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) planea rebajar la tasa de interés aplicable a sus sentencias, que encarece las indemnizaciones para los patrones y las infla para los empleados. Según pudo saber BAE Negocios, la rebaja sería del 36% al 29% anual a partir de diciembre. Es otro guiño a la reforma laboral desde Tribunales. El primero fue el de Comodoro Py, que empezó a activar causas penales contra los dirigentes más flojos de papeles.
Por si el Gobierno no logra someter a los aeronáuticos y al resto del sindicalismo a través suyo, y por si no alcanza con la docilidad de los dirigentes asustados ante la perspectiva de terminar como el Pata Medina o el Caballo Suárez, un sector del establishment empezó a agitar de nuevo el fantasma de las fábricas con rueditas que solía mentar Cristiano Rattazzi. “Nosotros queremos producción y empleo en la Argentina. Pero la opción es clara: o tenemos un sistema legal realista o migran las fábricas o migran los trabajadores”, dijo ayer en un foro en el Hotel Alvear el presidente de la cámara alimentaria, Daniel Funes de Rioja. Facundo Moyano lo escuchó sin sonreír. Y el reformismo permanente recién ensaya sus primeros pasos.