Por Rodolfo Palacios.

Cuando Clara Lis Pereyra le miró las manos a la acusada, esas manos arrugadas que movía cada vez que respondía las preguntas de los jueces, sintió que el dolor la partía en dos. “Todos los que llegamos como denunciantes a este juicio pasamos por esas manos”, dice Clara. Esas manos son las de Nilda Bomila Álvarez de Civale, la obstetra de 80 años juzgada por el Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín por los delitos de supresión  y ocultación de identidad  y sustracción de tres bebés durante las décadas de 1969 y 1979.

El caso salió a la luz después de que Clara, locutora de Radio Nacional, se enterara de que su familia biológica la había comprado a una partera por el valor de un auto cero kilómetro. A juicio llegaron también los casos de Andrea Belmonte, nacida en 1969, y Patricia Urondo (1978). La Justicia comprobó que las partidas de nacimiento de las tres eran falsas y habían sido firmadas por Civale. La investigación creció con el testimonio de los familiares de las denunciantes, quienes confirmaron que la adopción fue irregular o se concretó a través del pago de dinero.

La sentencia se conocerá el 7 de diciembre.

“A partir del juicio y de que se conociera mi historia, hace siete años, muchas personas comenzaron a preguntarse sobre su origen. Esta mujer me condenó cuando nací. Sólo quiere que se sepa la verdad y se haga justicia. Fue muy fuerte mirarle las manos y presenciar el momento en que le dieron mi certificado de nacimiento y ella dijo que creía que era su letra pero no podía decir si era su firma”, dice Clara a CyR.

El veredicto está previsto para el 7 de diciembre. Quedan declarar tres testigos y los alegatos de la querella, del fiscal y de la defensa. “Yo no seré locutora y no tendré las palabras justas, pero espero que no me condenen como me condenaron los medios”, declaró Civale ante los jueces.

La partera está acusada de haber regenteado en dos casas de Ramos Mejía y González Catán consultorios no habilitados para atender embarazos y partos. Según se sospecha, los bebés eran vendidos.  “El caso es siniestro. Hasta ahora hay nueve casos pero habría muchos más. Creemos que esta mujer actuó hasta los noventa”, reveló una fuente judicial.

Los delitos de supresión de la identidad de un menor de 10 años contempla una pena de 2 a 6 años, la sustracción de un menor de 10 años de sus padres y ocultación se castiga con penas que van de los 5 a 15 años de cárcel y la inserción de declaraciones falsas en un documento público tiene una pena de 3 a 8 años.

Además de los tres casos que están en el juicio, hay otros cinco que están en etapa de instrucción y en las últimas horas se sumó una sexta denuncia. Las causas están en el Juzgado Federal Número 1 de Morón, a cargo de Juna Pablo Salas. Los investigadores sospechan que más bebés fueron vendidos por fuera de la dictadura militar. Otros jóvenes ni siquiera tienen certificado de nacimiento o la firma de la partera, del médico o de la dirección de donde fue el parto.

Quienes tengan dudas sobre su origen o tengan una partida de nacimiento firmada por la partera acusada, pueden llamar al 0800-333-5502 o escribir al un mail a busquedadeorigen@gmail.com.