Por Javier Sinay.

Seis años de prisión, la máxima pena por el delito de privación ilegítima de la libertad cometido por funcionario público (con agravantes), es la condena que pidió hoy la abogada María del Carmen Verdú para el ex comisario Miguel Ángel Espósito, en el juicio que se le sigue por el caso de Walter Bulacio.

Después de un proceso de veintidós años y de una sentencia desfavorable para el Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día del alegato de la querella llegó como un momento largamente esperado y casi irreal. Por eso no es extraño que antes de realizar la acusación formal y hacer su pedido de pena, la abogada Verdú repasara con la voz entrecortada por la emoción el nombre de todos los que acompañaron a la familia Bulacio y a la organización antirrepresiva CORREPI en estas dos décadas. “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, había asegurado un rato antes.

La sesión comenzó a las once de la mañana. “El pedido de condena está enmarcado en lo que venimos diciendo desde que comenzó el juicio, y antes: que hay que discutir la totalidad de lo que pasó ese día y no sólo la privación ilegítima de la libertad, y que para condenar por este delito menor, ni siquiera era necesario llegar a un juicio porque ya estaba claro desde el principio que el ex comisario Espósito fue responsable”, decía frente a Crimen y Razón, y antes de entrar a los tribunales, la abogada Verdú.

Los jueces escucharon el alegato de la querella.

El juicio había comenzado el 24 de septiembre y vio pasar entre sus testigos a varios policías y funcionarios judiciales, pero no a los jóvenes que estaban junto a Walter Bulacio en el calabozo en la noche del 19 de abril de 1991, cuando, a poco del estadio de Obras Sanitarias –donde tocaban Los Redonditos de Ricota-, este chico de 17 años oriundo de Aldo Bonzi fue detenido.

El alegato de la querella duró dos horas y media, y fue pronunciado por María del Carmen Verdú y por su coequiper Ismael Jalil. “En esta causa, hay que tomar todas las prevenciones posibles”, dijo la querellante, a poco de dar inicio a sus palabras, mirando a los ojos a Pablo Argibay Molina, el abogado defensor. Es que el ex comisario Miguel Ángel Espósito no estaba en la sala –como no lo estuvo nunca, por razones de salud- y la querella solicitó que la defensa ratificara que, incluso para la hora de los alegatos, su defendido no iba a estar presente y una eventual nulidad no sería pedida.

“Aun cuando nos hubiera tomado veinte años más, hubiéramos querido discutir todos los hechos que pasaron ese día, con todos los acusados materiales e intelectuales”, dijo Verdú al inicio de su histórico alegato. La querellante hizo foco en las primeras fojas de una causa con 23 cuerpos y 4.500 páginas a la que describió como “un oscuro túnel kafkiano”: “en las primeras diez fojas del expediente tenemos a un chico gravemente herido, donde no se da intervención a ningún juez ni tampoco, oficialmente, a la familia”, aseguró.

Además, y durante buena parte de su discurso, se refirió al Memo 40, una orden del día de la Policía Federal, fechada el 19 de abril de 1965, dirigida al Director de Seguridad de la División Orden Público, que a su vez la redirigió a todas las comisarías, que a partir de ciertas recomendaciones de jueces correccionales de menores sugería la modificación del sistema de detención de niños y adolescentes. La ley explicitaba que con la presencia de cualquier menor en una comisaría, un juez de turno debía estar al tanto. Pero el Memo 40 daba libertad a la policía para actuar por su cuenta. Y fue ese Memo 40 el que tomó el ex comisario Espósito para justificar la captura y retención de Bulacio. “El problema empieza por preguntarnos cómo fue que ese Memo estuvo en vigencia 26 años, desde 1965 hasta 1991”, dijo Verdú en la sala de audiencias. Por lo pronto, cuando el proceso Bulacio comenzó, Héctor Sturla y Luis Argüero, los dos jueces de menores que lo impulsaron, no podían explicar qué habían querido decir exactamente –y por qué lo habían dicho de un modo tan ambiguo que cada policía lo interpretaba a gusto-: uno de ellos estaba muerto; el otro padecía de Alzheimer.

“Cuanto más injustificada fuera la causa de la detención, menos intervención judicial quería la policía”, explicó Verdú. Y detalló las falencias en las actuaciones de los 73 detenidos –entre ellos, once menores, con Walter Bulacio- en la noche del recital de Los Redonditos de Ricota. El alegato de Verdú fue una larga denuncia de la trama corrompida que a lo largo de los años ha vinculado a los adolescentes con las comisarías y los jueces.

Por su parte, Ismael Jalil –otro de los abogados de la querella, también miembro de CORREPI- se refirió a la calificación legal, a la autoría y a la responsabilidad del hecho juzgado. Indicó que estaba claro que el ex comisario Miguel Ángel Espósito era el jefe de la seccional 35a. y que había comandado personalmente el operativo de represión durante el recital. “Hubo armas, pelotones de combate y apoyo de otras dos comisarías: en ese contexto se dio la detención de Walter Bulacio y en ese contexto el ex comisario Miguel Ángel Espósito dispuso de su suerte”, detalló. Y consideró que “nunca es un policía suelto el que comete este tipo de actos; algunos lo llaman ‘abuso’, pero para nosotros esa es la esencia de la institución”. Jalil se refirió a un tridente de cinismo policial para con los menores, compuesto por tres vectores: compasión, tutela y represión. “¿Cuál fue el criterio que inspiró a Espósito?”, continuó. “Sin dudas, su discrecionalidad. Y él no era un funcionario a secas, sino un comisario al frente de una seccional”.

El martes próximo será el turno del alegato de la fiscalía y quedará para el final la defensa, a cargo de Pablo Argibay Molina. Luego el tribunal,integrado por los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvack estará en condiciones de dictar sentencia.