La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en una jornada tensa, que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro jueces.

Las causales van desde el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o resolver en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

Al mismo tiempo hubo cruces entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.

El comienzo

Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la oposición intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.

Al iniciar la reunión, que se extendió entre las 11 y las 14:50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.

Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.

Los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de «mal desempeño» de sus funciones, sobre todo por los fallos sobre el número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; el del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.

Mirar para otro lado

Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada en  «fallos vergonzosos» o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces.

Este fue uno de los planteos del diputado Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que «un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas» y luego «planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original».

El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.

Al abrir la reunión, Gaillard aseguró que «voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión», para luego aclarar: «Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades que si tienen la justicia».

«En caso que la admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de aprobarla e iría al recinto», añadió, y luego leyó el resumen de los 14 expedientes a analizar.

Las causales

Desde la oposición, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que desde ese espacio propondrán «una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles».

Le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que «las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».

A su turno, la diputada del FdT y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley aseguró hoy que el objetivo del juicio político es «preservar la institución (el máximo tribunal) de pésimos funcionarios».

«El objetivo es preservar la institución de los pésimos funcionarios que tiene la Corte Suprema», insistió.

A los cuatro

Por su parte, el diputado del FdT y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky destacó que en el impulso del juicio político confluyen «movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente».

Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman sostuvo que la discusión tenía «mucho montaje» y afirmó que a pesar de los llamados a la «despolarización» aparece una iniciativa que -dijo- «le conviene a Juntos por el Cambio».

Por otro lado, varios legisladores del FdT -entre ellas la propia Gaillard- insistieron en aclarar que la comisión no impulsa «un juicio a la Corte» en tanto institución del Estado y cabeza del Poder Judicial sino a sus cuatro miembros actuales.

«Lo que sucede -argumentó Moreau- es que esta es una Corte escuálida, que se ha ido achicando no solamente en numero sino también en su prestigio jurídico e intelectual. Se habla de ‘un juicio a la Corte’, algunos lo hacen intencionadamente, pero lo se está realizando aquí es un juicio a cuatro miembros, esto es muy importante que quede claro», puntualizó.

Y sobre los planteos opositores de que se está montando «un circo», una «patoteada», un «show» o «una amenaza», Moreau señaló: «Se habla de circo y se argumenta que está destinado al show porque no se van a reunir los dos tercios (de los votos necesarios para la destitución), pero no tuvieron el mismo concepto cuando la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político a Lorenzetti a pesar de que entonces era matemáticamente improbable que se reunieran los dos tercios».