Por Rafael Saralegui.

Jueces e integrantes del Poder Judicial de todo el país emitieron hoy un duro comunicado en el que manifestaron su preocupación por lo que consideran “una agresión” hacia el Poder Judicial  y reclamaron al Poder Ejecutivo que se respete el principio constitucional de independencia de los tres poderes. Además, piden a los medios de comunicación que promuevan un debate de ideas.

La declaración dada a conocer hoy fue firmada por  la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.

Los jueces expresaron su prepcupación por «agresiones» a magistrados.

Los jueces dijeron que son agredidos institucionalmente y esto se manifiesta a través de “a) la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente; b) recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa; c) campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal; d) pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales; e) intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados”.

La manifestación de los jueces se produce en medio del enfrentamiento del Gobierno con el Grupo Clarín por la vigencia de la Ley de Medios y luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, hablara ayer de un “alzamiento judicial” si los jueces que integran la Cámara Civil y Comercial Federal decidían prorrogar la vigencia de la medida cautelar presentado por el holdig de medios.

El Gobierno anunció que el Grupo Clarín tiene hasta las 24 horas del 7 de diciembre para presentar su plan de adecuación a la Ley de Medios, ya que esa es la fecha fijada por la Corte en un fallo dictado a comienzos de este año. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, reiteró ayer que el organismo decidirá que hacer en los casos en los que los grupos estén excedidos en el número de licencias y no hayan presentado su plan de adecuación de acuerdo con los términos de la ley.

La declaración conjunta de  magistrados y funcionarios judiciales de todo el país tiene pocos antecedentes en la democracia y demuestra la gravedad de la situación para los miembros del Poder Judicial.

El comunicado de los jueces continúa diciendo que “esta Comisión encuentra necesario reiterar que la Independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución Nacional (art 109 CN) y es un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia, y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos;

“Este principio forma parte de la comunidad latinoamericana de derecho, ya que es sostenido en la reunión de Cortes de las Américas, en la Cumbre Iberoamericana de Cortes, en la reunión de Cortes del Mercosur, así como por la Federación Latinoamericana de Magistrados y en casi todos los países de la región;

•”Esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública la preocupación de la magistratura como Poder del Estado por la afectación que recibe  al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios;

“Tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una sociedad transparente y participativa;

“Sentadas estas bases, corresponde:

“I). Exhortar a las autoridades competentes para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado;

“II) Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia;

“III).  Exhortar a los demás poderes públicos del estado, para que no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados.

“IV). Exhortar a titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias;

“V). Exhortar a los medios de comunicación a promover el debate democrático de ideas.

“VI) Solicitar, teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular de la AFSCA, que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública.”