El juez federal Claudio Bonadío investiga una denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de Tucumán cuando era gobernada por el general Antonio Domingo Bussi y supuestamente recibía información de ejecutivos de la empresa Peugeot, que luego utilizaba para reprimir a militantes sociales y políticos.

Según denunció el abogado Diego Héctor Viola ante el Juzgado Federal Nº11, «Bussi había acordado con Peugeot, a través de su gerente general, Miguel Villarroel, el intercambio de información de sus clientes para saber quiénes compraban autos o camionetas, para qué o qué uso le darían, de donde provenía el dinero, etc.»

La denuncia agrega que «a cambio el gobernador de facto se habría comprometido a la compra de productos de la automotriz y también a direccionar las ventas para esa empresa, beneficiándola económicamente».

«Así Bussi habría encontrado a un cómplice perfecto que haría ese primer trabajo sucio de recolectar información para dársela a los organismos de inteligencia militar», agrega el texto. La denuncia alcanza a Villarroel y a Jorge Lanati, ejecutivos de la empresa en 1977. Un expediente similar se lleva adelante en la Justicia de Tucumán.