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Inundación de La Plata: continúa la disputa entre jueces y las víctimas son 67

Por Javier Sinay.

A dos meses del grave temporal que sacudió a La Plata, el número oficial de víctimas fatales permanece en 67 y las investigaciones de los jueces Guillermo Federico Atencio y Luis Federico Arias parecen comenzar, lentamente, a complementarse. El lunes pasado la procuradora general de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en la Cámara de Senadores bonaerense, donde explicó la cuestión de competencia judicial y aclaró que el juez Arias, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo número 1, debe hacer “un trabajo de investigación administrativa” y contar las víctimas, mientras que el juez Atencio, del Juzgado de Garantías número 1, opera sobre el posible delito de

El juez Arias defiende su investigación.

El juez Arias defiende su investigación.

estrago en dos de las tres causas que se desarrollan: en una de ellas el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (multado con 15 mil pesos por el juez Arias, que lo acusó de ocultar información) busca averiguar el causal de la muerte de las víctimas; en otra, el fiscal Jorge Paoloni investiga si los funcionarios públicos cometieron irregularidades que pudieron haber empeorado la inundación.

“Puede ser que el número de muertos extienda la responsabilidad política, que no es lo mismo que la penal: la responsabilidad política se nota en las urnas y la penal lleva al calabozo”, considera ante Crimen y Razón el juez Guillermo Atencio. “En todo caso, la confusión no ha sido casual: es la primera vez en mi vida como juez, cargo en el que llevo ya 26 años, que en una investigación penal se me cruza un juez en lo contencioso y administrativo. Hay que ver cuál puede llegar a ser el interés de salirse de la jurisdicción como para que un juez en lo contencioso y administrativo invada la

justicia penal: yo desconozco cuál es, pero no creo que sea una locura porque al doctor Arias nunca lo vi romper plata…”.Por su parte, el juez Luis Arias se defiende aclarando que, según estableció la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la competencia vinculada al cómputo de las víctimas y a la especificación de los registros públicos corresponde al fuero contencioso y administrativo. “La función de un juez de garantías, como lo es Atencio, es hacer que se respeten los derechos de las personas imputadas y procesadas”, dice Arias a Crimen y Razón. “Pero aquí todavía no hay ninguna persona imputada por delito alguno, de modo que la intervención del juez Atencio por ahora es nula… o fue un invento del Poder Ejecutivo con la ayuda del diario El Día de La Plata para controvertir mis decisiones, porque mientras nosotros afirmábamos que había 57 víctimas, el juez Atencio decía que había 52, el mismo número que declaraba el Poder Ejecutivo”.

Atencio dice que Arias no tendría que haber intervenido.

Atencio dice que Arias no tendría que haber intervenido.

La causa llegó primero al juzgado de Arias, que no investiga de oficio (como sí ocurre en el fuero penal), sino a petición de parte. Fue el defensor Julián Axat, del fuero penal juvenil de La Plata, quien apenas caída la última gota presentó la primera demanda. Varios habeas data se acumularon en las horas siguientes en los tres juzgados en lo contencioso y administrativo de la ciudad. Finalmente, la oficina de Arias acumuló todo el caso por haber sido la primera en dar traslado a una demanda, y hoy la causa que empuja a todas las demás es la número 27.068, caratulada “Rodríguez Sandra Edith c/ Poder Ejecutivo s/ Habeas Data”.

Así las cosas, la contienda de los dos jueces parece ser imposible de subsanar, pero de algún modo las investigaciones comienzan a alinearse. Por otro lado, un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata entregó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación un informe técnico y diagnóstico sobre el temporal, donde se aclara que si se hubieran concretado las obras recomendadas en 2007, el agua habría comenzado a retirarse mucho tiempo antes.

En relación al número de víctimas, ambos jueces coinciden en lo extraño que resulta la ausencia de menores de edad, aunque todavía no se puede asegurar que algún niño no se haya ahogado con toda la familia en el arroyo El Gato, y desaparecido con la correntada. La propia procuradora María del Carmen Falbo opinó que pocos o varios cuerpos podrían permanecer, todavía, sumidos en el lecho de las aguas.

La cuestión es sensible y hasta la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó parte en el asunto cuando, vía Twitter, criticó al juez Atencio, que había dicho que nunca nadie iba a poder determinar el número de muertos. “Yo lo que dije es que nunca nadie iba a poder afirmar categóricamente que el número final de víctimas sea el número real”, explica ahora Guillermo Atencio. “Y eso tiene como base lógica la falibilidad humana. Por ejemplo, si una persona se infartó el día 2 de abril y sale vivo pero muere veinte días después en el Uruguay, no va a haber modo de que el fiscal pueda tomar nota de eso. Mis palabras fueron interpretadas muy mal”.

Este titular del Juzgado de Garantías número 1 también sabe que al derecho penal le resulta irrelevante el número real de muertos: según el artículo 189 del Código Penal, el estrago culposo -que podría configurar el delito del caso presente-, se agrava con la mera circunstancia de que se ponga en peligro la vida de una sola persona o de que resulte muerta una sola persona. “Yo tomo este caso como si fuera un científico”, sigue Atencio. “Si usted me pregunta a mí si me duele más una sola muerte o cincuenta muertes, obvio que le digo cincuenta. Pero lo que veo acá, a fin de cuentas, es que hay un claro manejo político”.

Mientras tanto, el juez Arias elige el silencio frente al número de víctimas. Dice que una de las partes requirió la reserva del expediente. “Nosotros aceptamos el requerimiento porque consideramos que hubo demasiado conflicto público y demasiada exposición de las víctimas del temporal”, sigue. “En su momento fue necesario hablar de estas cifras para demostrar la inexactitud de los datos del Poder Ejecutivo, que afirmaba la existencia de sólo 51 víctimas. Y en el futuro, si la parte lo autoriza o llegado el momento de producidas las pruebas, daremos a conocer toda la información”.


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