Una imagen que se podría repetir.

Por Ignacio Ramirez.

A seis meses del acuartelamiento de la Policía de la provincia de Córdoba, los efectivos evalúan una nueva medida al corto plazo debido al escaso cumplimiento del acuerdo firmado entre diferentes letrados patrocinantes de mujeres de efectivos y personal de la fuerza. La posibilidad de un nuevo acuertelamiento ya se comenta en voz baja en las diferentes seccionales.

La drástica medida de fuerza del personal policial que se tomaría en vacaciones de invierno es el resultado de que sólo se cumplió el 20 por ciento del acuerdo firmado el 4 de diciembre de 2013, entre el jefa de la Policía de Córdoba, Comisario General César Eduardo Almada, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y representantes del Poder Ejecutivo provincial. Pese haber tenido un compromiso asumido y conformidad del acuerdo de 15 puntos, solo se cumplieron dos: el pago de los dos mil pesos en enero y febrero y el aumento salarial a 8 mil pesos el básico en el mes de marzo.

Además el sindicato expresa que la nueva gestión esta mermando tremendamente la fuerza policial, ya que les está dando pases a otros destinos y no repone personal ni móviles. El incremento en la diferencia de jerarquías de suboficiales aun no se ha observado dado que no hubo ascensos como castigo por el paro, no se paga ni se provee el uniforme de combate policial.

Otro punto que preocupa a los efectivos es la persecución: el tribunal de conducta se puso más severo en las sanciones y jamás ha tomado participación en las recusaciones que se hacen sobre las faltas leves que aplican los superiores y la asistencia psicológica y psiquiátrica para la policía solamente se está utilizando por parte de los jefe como castigo subalternos, ya que se piden informes y a raíz de esto se los pone en licencia psiquiátrica lo que afecta su legajo personal, para ayudar la salud mental de los efectivos como lo demuestran los 7 suicidios que se produjeron hasta el momento.

“Lo que se hizo no fue pensando en un acuartelamiento, se dio por que el gobierno no quiso escuchar el reclamo y por ahora no es una opción. Al no cumplir el acuerdo las cosas están muy mal, sancionan y dan pases indiscriminadamente, recargos abusivos, mal trato psicológico, los obligan a salir de a uno por móvil, etc.; hoy la policía y el servicio penitenciario han vuelto a la época de la dictadura, obediencia debida. Porque en el ánimo del gobierno jamás pensó en cumplirlo, lo demostró el gobernador  cuando ardía Córdoba  y amenazo con sanciones y despidos y de hecho lo hizo”, advierte Adriana Rearte, ex agente del Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) y esposa de Policía Córdoba, actual Secretaria General del Sindicato de Policías, Penitenciarios y Afines (SEPPA).