Cuando la falta de seguridad se convierte en miedo, y cuando ese miedo se traduce en el reclamo incesante de los ciudadanos que agotan todas las formas de exigir un Estado que les devuelva la tranquilidad, es muy difícil seguir haciendo oídos sordos o hablar de “sensaciones” generadas por los medios.
Finalmente el Ejecutivo provincial, tras 7 años de inoperancia en la materia, sale en busca de apoyo mediante medidas unilaterales y discrecionales a través de las cuales convoca a la oposición a revertir una situación social que en los últimos años se ha agravado linealmente.
Demostrando una vez más la claudicación de las banderas progresistas que alguna vez levantó tímidamente para ganarse el respaldo kirchnerista pero que nada tienen que ver con sus gestión, Scioli busca ayuda para revertir una situación que no supo manejar.
Apuntando una vez más a los sectores populares, al mejor estilo reaccionario, pretende solucionar el problema de la inseguridad aumentando la cantidad de móviles en las calles, o convocando a oficiales retirados. Sin embargo, nada dice respecto a la crisis de sistema educativo, o la falta de políticas de inclusión social en una cartera de desarrollo social provincial totalmente desmantelada.
No obstante, cada vez más la realidad nos demuestra que la inseguridad no es un problema de clases, que el trasfondo del problema tiene sus bases en la impericia, incapacidad y muchas veces complicidad de un sistema judicial corporativo que no actúa como corresponde ante estos hechos, haciendo de las leyes un documento obsoleto ante cualquier sector de pertenencia.
Como lo advertimos desde el radicalismo hace seis meses, cuando se desdobló los ministerios de Seguridad y Justicia, este desdoblamiento no tiene que significar desvinculación. Por el contrario, la separación de tareas debía plasmarse en una mayor eficacia de las funciones, expresando ambas una misma decisión política comprometida con revertir la situación.
Tuvo que pasar mucho tempo y lamentar muchas tragedias para que finalmente el ejecutivo abriera los canales de diálogo en búsqueda de ayuda.
Sin ánimos de hacer de esta situación un hecho político oportunista, como muchos otros sectores, desde el radicalismo nos comprometemos a trabajar para aportar legislativamente a resolver la problemática. Sin embargo, creo que 27 años de gestión de distintos gobiernos justicialistas que se sucedieron la gobernación de la provincia de Buenos Aires sin que ninguno supiera realizar las políticas adecuadas para garantizarle seguridad a los ciudadanos nos obliga a hacer un ejercicio de conciencia que nos clarifique qué políticas queremos para nuestra provincia.
*Presidente Bloque de Diputados UCR Legislatura Bonaerense.