Blanco será indagado el jueves.

El director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, será indagado el jueves próximo por el titular del Juzgado Federal N°2 de Salta, Miguel Antonio Medina, acusado de haber hecho pasar hambre a los alojados en la cárcel federal de esa provincia.

El titular del Servicio Penitenciario será indagado como coautor de la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”.

En la causa se investigan hechos sucedidos desde el año 2012 a enero de 2016, y «tiene por eje el “régimen de hambre” que generaba graves padecimientos en los detenidos del Complejo Penitenciario Federal de NOA producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A», informó el sitio Fiscales.

«El mal servicio se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado legítimo abono, por el que se pagó, en ese período, la suma de $42.799.317,87 a Servicios Integrales de Alimentación S.A», agregó el sitio de la Procuración.

Según la investigación de los fiscales mediante ese mecanismo irregular de contratación se gastó el 68% de lo previsto para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante el año 2015.

Los investigadores consideraron también que está demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa contratación, que se habría ejercido «de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario Federal en beneficio de la empresa».

Por ejemplo, un proceso licitatorio destinado a la adquisición de alimentos para cubrir sólo tres meses, demoró más de 18 meses, intencionalmente y por medio de diversas maniobras evidentemente dolosas, lo que permitió contratar con la empresa SIAL de manera irregular, con sobreprecios, en perjuicio de la administración pública.

Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario, se advirtió que existió sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de SIAL: las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Además, los costos del servicio se actualizaban “arbitrariamente”, incluso por encima de todos los índices de inflación.

“Desde el año 2011, desde que se inauguró el Complejo NOA, se favoreció a SIAL en la prestación del servicio de viandas. En la causa acreditamos que se daba una deficiente alimentación a los internos pese a las sumas millonarias que se pagaban”, comentó el fiscal Villalba.

Y agregó: “La causa de esa deficiente alimentación era el irregular modo de contratación por legítimo abono. Utilizando este mecanismo se le pagó a SIAL (redondeando) 42 millones de pesos desde agosto de 2012 a enero de 2016”.