Fernández Garello está en el cargo desde 1999.

Le llegó la hora. El fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garelllo será indagado este jueves por el federal de San Martín, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, cuando se desempeñó como agente de inteligencia encubierto de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fue acusado de haber participado de hechos de torturas y secuestros de militantes políticos y sindicales.

Fernández Garello es un personaje central en la Justicia provincial y acumula un enorme poder en el Departamento Judicial de Mar del Plata, donde se desempeña desde 1999, en ese cargo clave, ya que dirige a todos los fiscales de instrucción de la justicia ordinaria de esa ciudad.

Ese poder acumulado fue el que le permitió sortear el pedido de jury que se le había iniciado cuando se conocieron sus antecedentes y su oculta historia salió a la luz. Fernández Garello no había informado a las autoridades sus antecedentes como agente encubierto de la policía bonaerense cuando se incorporó como funcionario en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal general fue denunciado hace dos años por la Comisión Provincial de la Memoria, el organismo que es depositario de todos los archivos secretos de la Policía Bonaerense, donde constan todos las operaciones realizadas por esa fuerza de seguridad durante los gobiernos militares y democráticos.

Los antecedentes de Fernández Garello como integrante de la Delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) durante la dictadura surgieron a partir de pedidos de de informes en causa judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad.

“Participó en acciones directas, secuestros y torturas, en el caso de tres militantes del Partido Comunista. Aparece su nombre en un acta”, dijo en su momento el secretario general de la CPM, Roberto Cipriano García.

«Fernández Garello integra esa delegación por lo menos hasta 1982. Esto está documentado, no es una elucubración nuestra, son los propios documentos de la Policía Bonaerense», aseguró Cipriano García y añadió que en esos documentos «se acredita su participación en 17 hechos de espionaje político y gremial».

Denuncian que el fiscal general de Mar del Plata fue represor durante la dictadura

El secuestro de los tres militantes comunistas ocurrió en 1981 y al año siguiente, uno de los tres fue secuestrado de nuevo. En los dos casos hubo torturas a los secuestrados, que luego fueron derivados. Ese caso es investigado en la justicia federal de San Isidro y el fiscal federal de ese distrito Fernando Domínguez pidió que su colega marplatense sea investigado por privación ilegal de la libertad y torturas.

El otro cargo por el que se investiga a Fernández Garello es el secuestro, torturas y homicidio de Ana María Martínez, una militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestrada y asesinada en febrero de 1982.

Según la documentación de la CPM,  se permitió constatar, entre otros hechos, que Fernández Garello se desempeñó como Oficial de Inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de estado.

La Cámara Federal de San Martín sostuvo en mayo pasado, cuando ordenó a Arroyo Salgado que tomara la indagatoria al fiscal general que “los sucesos investigados habrían sido llevados a cabo, en principio, dentro de un mismo plan de acción diagramado desde el Comando de Institutos Militares, que durante el gobierno de facto de 1976-1983, estuvo a

cargo de lo que se denominó Zona de Defensa 4, bajo el control operacional del Comando de Institutos Militares”, donde se desempeñaba justamente el fiscal que trabajó como espía.

“Pese a los reiterados pedidos de los presentantes, ni la Corte provincial ni la Procuración General de la Provincia en ejercicio de la superintendencia que detentan adoptaron medidas para el apartamiento del Fiscal General de sus funciones. Cabe mencionarse que la separación preventiva del cargo que fue adoptada en otros casos de delitos comunes cometidos por magistrados no se aplicó a Fernández Garello”, denunció la CPM.