Gómez Centurión ya tiene una causa en su contra.

El fiscal federal Ramiro González imputó al titular de la Aduana Nacional, Juan José Gómez Centurión, y pidió abrir una investigación por supuesta «apología del delito», a raíz de dichos del funcionario, quien negó la existencia de un «plan sistemático» para la desaparición de personas en la última dictadura militar.

En un dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal pidió que se requieran las imágenes del programa «Debo Decir» del 29 de enero pasado, al que concurrió el funcionario y en el cual dijo: «No creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas».

«Lo del plan sistemático es un adjetivo, objetivamente la realidad es otra», agregó Centurión en la entrevista, que generó una ola de críticas de organismos de defensa de los derechos humanos.

A raíz de sus dichos, el funcionario, que es militar retirado y a fines de los ’80 participó de la rebelión carapintada, fue denunciado por diputados del Frente para la Victoria, entre ellos Héctor Recalde, Diana Conti y Rodolfo Tailhade.

En la denuncia se aludió a reiteradas sentencias judiciales en las que se dio por probado la existencia del plan sistemático perpetrado por la última dictadura para secuestrar, torturar y desaparecer personas.

«El denunciado con su accionar defiende públicamente el terrorismo de Estado, instrumentado a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños que la justicia encontró probado en numerosas causas», se sostuvo en la denuncia.

Esto «no puede ser desconocido por Gómez Centurión, en tanto es funcionario público», agregó la presentación, de la fiscalía.

El gobierno, por medio de un comunicado del secretario dederechos Humanos Claudio Avruj, sostuvo que las frases del funcionario eran “a título personal” y ratificó que “el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias”.

El ministro de Justicia Germán Garavano insistió con la teoría de la “opinión personal” y consideró que “no tiene sentido volver a generar debates sobre un tema en el cual la Justicia ya se pronunció en numerosos casos”.