En un juicio con poco antecedentes en la Argentina, la justicia mendocina condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
«Nos vamos con conformidad por el trabajo realizado y el reconociendo a la tarea del Ministerio Público, pero no es alegría porque en una sentencia se fijan los hechos, y esto es horrible. Muy feo que esto haya pasado en Mendoza», expresó el jefe de fiscales contra Delitos de la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide.
Luego de tres años de investigación y casi otros tres de juicio oral, miembros del Fuero Penal Colegiado condenaron a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez (49) a 18 años de cárcel.
Ninguno de los curas declaró ni una sola palabra durante el debate, y solo Gómez tomó la palabra en una ocasión para declararse inocente y decir que no había pruebas que acreditaran los abusos cometidos por el.
En tanto, el querellante Sergio Salinas dijo que «aún aguardan respuestas por parte de la Iglesia que optó por la negativa de informar la investigación interna que ellos llevaron adelante amparados en un concordado de 1968 que les permite negar el acceso a la información a las víctimas, a pesar de haber sido declarado inconstitucional».
Comunicado de la Iglesia
Desde la Fiscalía se les requirió al comisario Monseñor Alberto Bochatey, el enviado del Vaticano para investigar el accionar de los dos sacerdotes involucrados en los abusos sexuales del Próvolo, pero nunca emitieron respuesta.
Sin embargo, el arzobispado de Mendoza emitió esta tarde un comunicado en el que se solidariza con las víctimas de los culpables del caso del Instituto Antonio Próvolo.
En un breve comunicado expresaron solidaridad y cercanía con las víctimas y sus familias, y reafirmaron su compromiso “con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.
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“Como Iglesia, queremos trasmitir una vez más nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Todos nos hemos sentido desconcertados y dolidos”, expresaron.
“El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”, destacaron.
Con una Radio Abierta en la explanada del Palacio de Justicia, las víctimas, familiares y allegados esperaron en vigilia la sentencia con banderas, carteles y el pañuelo rojo del ‘Yo sí te creo’.
Apoyo a las víctimas
«Apoyo a las víctimas del Provolo, con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio»; «Encubrir delito también es delito»; «Iglesia sin abuso», «Cero tolerancia. No olvidar»; «La verdad no se puede esconder. Apoyo a los sobrevivientes», decían los carteles y pancartas.
Paola González, mamá de una víctima del Próvolo reconoció que «fue una larga lucha y lo va a seguir siendo».
El histórico veredicto fue dictado este mediodía por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, y marcaron una jornada emblemática para las diez víctimas, jóvenes sordomudos que hoy celebraron con lágrimas, abrazos y suelta de globos.
Asimismo, se valoró la recuperación de los derechos de la comunidad sorda, y la labor de los intérpretes de señas en todo este proceso.
Otros juicios
«Estamos felices, en paz. Gracias a todos, gracias a toda la Argentina. Solo queremos ahora vivir en paz», dijo en lenguaje de señas una de las víctimas a la salida del Tribunal, fundida en un abrazo con el resto de los denunciantes.
El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, había imputado a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gomez por seis hechos de abuso sexual a cada uno.
Otra de las acusaciones fue por corrupción de menores, ya que la acusación indica que las víctimas eran obligadas a ver videos y revistas pornográficas.
Esta es la primera de tres causas que completan la de la monja Kosaka Kumiko, con prisión domiciliaria y acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto. En tanto, hay una tercera que se espera llegue pronto a juicio, que involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión.