Por Javier Sinay.

Un dato estremecedor indica que más de setecientas mujeres y niñas permanecen desaparecidas, presuntamente secuestradas por redes delictivas y sometidas a esclavitud con fines sexuales. La trata de personas es un flagelo que golpea fuerte y la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, cuyo proyecto de reforma el año pasado fue aprobado en el Senado con aumento de penas a los proxenetas, confiscación de sus bienes y eliminación de la figura del consentimiento de las mujeres adultas que eran victimizadas, todavía no fue promulgada.

“El dato se ha obtenido con una recopilación que hacemos de modo manual diferentes organizaciones, donde vamos volcando la cantidad de mujeres y niñas desaparecidas con presunción clara de trata de personas con fines sexuales”, asegura Fabiana Túñez, integrante de la Casa del Encuentro. Frente a la ausencia de datos oficiales, ésta y otras oenegés deben tomar el lugar de la confección de estadísticas. “Entre todas las organizaciones vamos punteando, cada una aporta sus casos”, dice Túñez.

La ley que aumenta las penas aún no fue promulgada.

La trata es un delito que incluye el ofrecimiento, captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación, dentro del territorio nacional, y desde este país o hacia otros países. Sancionada en 2008, la Ley 26.364 -contra la trata de personas- recibió cuestionamientos de varias organizaciones y movimientos sociales. “La reforma de esta ley tenía media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde no se llegó a un dictamen para que fuera tratado en el recinto. Si bien hubo diputados y diputadas que han trabajado fuertemente para que llegara, lamentablemente no ha sucedido así”, sigue Túñez. “Para algunos sectores, este tema parece ser no prioritario y seguramente muchas veces estas organizaciones mafiosas son muy poderosas como para ralentizar las leyes que combaten estos delitos. El fondo de la discusión de la ley es que desaparezca la figura del consentimiento para los casos de las víctimas mayores de edad: si desapareciera este consentimiento, muchos negocios quedarían truncos. Hay casos donde se interroga a las víctimas y se les pregunta si están ahí por propia voluntad. Obviamente que una víctima no va a decir verdaderamente lo que está padeciendo”.

En la Argentina el abolicionismo está cobrando fuerza: es una postura ideológica, ética y política que busca abolir la prostitución como parte de la erradicación de la desigualdad de género y considera que las mujeres en situación de prostitución son víctimas, por eso no las persigue. En cambio, persigue a proxenetas, rufianes y tratantes y prohíbe los prostíbulos. “La realidad es que desde las leyes y desde la sociedad, a través de la lucha de Susana Trimarco y de tantas otras familias el asunto de la trata ha tomado más visibilidad”, considera Fabiana Túñez. “Pero falta que este tema sea considerado como prioritario en la agenda del Estado y se le asigne recursos para combatir a las redes de trata. Hay que desarmar las complicidades alrededor de la trata y por otro lado, tomar conciencia sobre lo que significa ir a un prostíbulo y pagar por sexo. Si no hubiera demanda, no habría trata”.