Por Javier Sinay.

A pesar de que tiene la conciencia tranquila –al menos así lo aseguró el día sábado, frente a los miembros de la Legislatura porteña- el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, pende de una cuerda floja. Los nubarrones que llegaron a su cielo luego de la violenta represión que protagonizó la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el día viernes no parecen haberse despejado y es un rumor a voces que hay muchos interesados en su renuncia –incluso (o principalmente) adentro de las filas macristas.

En la Legislatura dijo que tiene la conciencia tranquila.

Pero aunque en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires muchos piensan en impulsar el juicio político, pero el ministro de Justicia y Seguridad todavía se mantiene de pie. “Macri le debe mucho a Guillermo Montenegro porque no se olvida de que cuando se armó el escándalo de las escuchas en el año 2010, él fue el que puso el pecho a la situación y se hizo cargo de todo”, dice un legislador oficialista que prefiere mantener su nombre en reserva. “Tiene que pasar mucho para que Montenegro caiga. A la vez pasó mucho y por eso está tambaleando… pero no caído. Falta algo más grave”.

Antes de ocupar el cargo más caliente de su vida, Guillermo Montenegro se desempeñó durante tres años como juez federal. “El Gordo” –como le dicen afectuosamente quienes saben que su plato preferido es la lasagna recargada- dejó el resonante caso Skanska a mitad de camino para luego ser suplantado en esa causa por el juez Sergio Torres y jurar ante Macri bajo la premisa de que “como servidor público puedo llegar a rendir más que desde el Poder Judicial”. A lo largo de 25 años en la Justicia, Montenegro entendió en causas sobre regalías petroleras en Santa Cruz, hijos apropiados de desaparecidos e incluso el megaescándalo de IBM-Banco Nación. Al mismo tiempo, ayudaba en la manutención de dos comedores infantiles y entrenaba al equipo de rugby de su club, el Liceo Naval.

Los efectivos de la Metropolitano reprimieron a médicos, periodistas y legisladores.

Sin embargo, el currículum de Montenegro adquirió una nueva tonalidad cuando el viernes pasado empleados, pacientes, periodistas y hasta legisladores fueron agredidos en el Hospital Borda durante la demolición del Taller Protegido Número 19 (un territorio donde, según un proyecto del Pro, se construirá un Centro Cívico): en total hubo 32 heridos (o cerca de 50, según el secretario de ATE Capital Federal, José Luis Mataza, de los cuales 18 son policías) y ocho detenidos. Hubo balas de goma, gases lacrimógenos, palazos y piedras. “Fue una represión irracional y que pudo haber causado consecuencias más graves, además siete compañeros quedaron detenidos en la comisaría 4 de la Metropolitana”, dijo el dirigente gremial de ATE. Por su parte, voceros de la Policía Metropolitana informaron que entre los agentes heridos hay dos con desprendimiento de retina y otros dos de gravedad.

Luego, y en una sesión especial que superó las ocho horas (entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde), los legisladores porteños interpelaron duramente al ministro, que luego de mantener una reunión con Cristian Ritondo, había aceptado participar de esa sesión extraordinaria en la que no daría el brazo a torcer.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, fue el primero en tomar la palabra y señaló que “ante esta afrenta al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, usted, señor ministro no tiene más que renunciar”; la diputada del bloque del Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti comparó la situación del viernes con la represión en la que murieron Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el 2002; el ex jefe de Gobierno y actual legislador del Frente Progresista Popular Aníbal Ibarra desafió: “Usted debió haber renunciado ayer”; la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía consideró que todo lo que ocurrió en los jardines del hospital Borda fue ilegal y “un acto perverso”, y exigió “respuestas porque la Metropolitana no puede seguir actuando de esta forma y los agentes que dispararon no puede pertenecer más a la fuerza”; y los diputados opositores Jorge Selser y Fabio Basteiro cuestionaron el desempeño de la Policía Metropolitana y las acciones del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

A su turno, Montenegro explicó que el accionar de la Policía Metropolitana se dio “en defensa de la legalidad” y que “la situación de violencia no fue provocada por la fuerza policial ni por el personal que estaba trabajando. Nos entristece mucho la situación que vivieron algunos legisladores que están acá. La violencia del día de ayer en algún punto teníamos que haberla manejado de otra manera entre todos”. Acerca de su propia situación, Montenegro dijo que no renunciaría: “mi designación fue hecha por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y sólo por su pedido o porque yo lo considere necesario voy a renunciar, y por el momento ni él me lo pidió ni yo creo que sea necesario”. Además, agregó que su conciencia estaba “por demás tranquila”: “Si es por las veces que me pidieron la renuncia, tendría que haberme ido el mismo día que asumí”. Pero en algún momento el ministro dejó entrever cierta autocrítica: “Vamos a investigar a la Metropolitana. Todos tenemos responsabilidades; tendríamos que haber manejado esto de la mejor manera entre todos. Si algún integrante de la fuerza no cumplió con el protocolo, va a ser investigado y sancionado correspondientemente”.

“El día de la represión llegué a media mañana, cuando ya había pasado el primer enfrentamiento con la policía y los trabajadores, y ya había detenidos”, recuerda ante Crimen y Razón la legisladora Rocío Sánchez Andía, que dice que en algún momento logró hablar con el jefe de la Policía Metropolitana, el ex comisario general de la Policía Federal Horacio Raúl Giménez. “La policía estaba muy violenta y la gente también estaba muy caldeada. Junto a un grupo de legisladores, comuneros y delegados pudimos hablar con él y le pedimos que nos diera diez minutos para ver si podíamos bajar la tension, y en paralelo que se frenara el trabajo de las máquinas que estaban demoliendo el taller”. Sánchez Andía cuenta que el receso de hostilidades duró apenas un momento, hasta que los motores de los bulldozers de Macri volvieron a sentirse. “En ese momento nos dimos cuenta de que era una maniobra de distracción porque el taller ya estaba casi todo demolido”, dice ella.

Y entonces la policía volvió a la carga: Sánchez Andía terminó esa mañana cara a cara con un agente que, armado hasta los dientes y sin identificación, le gritó “¡Correte, pendeja!” y no amedrentó ante la advertencia de la propia legisladora sobre su condición de diputada de la Ciudad. “¡¿Te pensás que no te voy a tirar?!”, le dijo. “Me sorprendió no solamente eso, sino que al minuto la infantería comenzó a disparar y a correr”, sigue ella. “Los camarógrafos y fotógrafos fueron golpeados muy violentamente por este grupo de la policía que tiró constantemente a la multitud como si nada, al cuerpo, por arriba de la cintura. Fue una cacería”.

En apenas poco más de dos años (entró en actividad en febrero de 2010), la Policía Metropolitana suma un historial de represiones y polémicas. “Es una fuerza de choque sin disimulo”, admite la fuente macrista ante Crimen y Razón.

Lo que en principio surgió como una serie de malas decisiones (la designación como jefe de la fuerza de Jorge Palacios, alias “el Fino”; y luego la del espía Osvaldo Chamorro) continuó a lo largo de los meses con verdaderas batallas campales: el desalojo de la toma del Parque Indoamericano (en diciembre de 2010, cuando murieron dos personas); la demolición de una veintena de locales en los últimos 150 metros de Rivadavia hasta el cruce con la avenida General Paz, que dejó literalmente en la calle a 21 puesteros (el 29 de junio de 2010); la represión a los habitantes de la Villa 31 que cortaban la Autopista Illia en reclamo por subsidios cancelados (el 10 de abril de 2012, calificada como “aberrante” por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires); el desalojo de los vecinos que cortaban la avenida Díaz Vélez y Marechal en protesta contra la iniciativa el gobierno porteño de enrejar el Parque Centenario (el 28 de enero de 2013); el desalojo de la sala Alberdi en el Centro Cultural General San Martín (el 14 de marzo de 2013); entre otros violentos operativos.