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Lijo tiene línea directa con Lorenzetti.
El Gobierno estudia con detenimiento las Declaraciones Juradas del juez federal Ariel Lijo, esas que se hayan a respaldo de la Oficina Anticorrupción. Fuentes de esa dependencia dicen a CyR que esta semana Laura Alonso le pedirá a un grupo de colaboradores que se aboquen a la minuciosa tarea de entender cómo cierra «el blanco» del juez con sus propiedades, sus caballos y sus canarios de competición.
La orden de Alonso aparece, por esas casualidades, días después de que Lijo hiciera un movimiento inquietante en la causa de la deuda del Correo Argentino que está en su despacho.
Lijo solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que le brinde la información societaria y contable del Grupo Macri. El magistrado investiga la condonación del Estado de una deuda millonaria que tenía el Correo Argentino, administrado por la familia presidencial, en perjuicio de las arcas públicas.
Según las estimaciones de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, la deuda perdonada al Grupo Macri por parte del Poder Ejecutivo Nacional rondaría los 70.000 millones de pesos. Un proceso que lleva años, ya que la familia de Macri nunca quiso pagar sus deudas e inició demandas cruzadas. Una cuota de la industria del juicio que el Presidente fustiga.
El juez federal solicitó actas de asambleas, de directorio, registro de acciones y accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales y demás libros contables y extracontables. Esto último es lo que más hace ruido al interior del Gobierno.
Y es que en una de las últimas asamblea se habría aparecido alguien que nunca tendría que haber estado allí, especialmente con un familiar despachando desde la oficina principal de la Casa Rosada.
En junio pasado cuando se libraron órdenes de presentación a las firmas Sideco Americana y Socma, las respuestas de estas «resultaron ser insuficientes», por esa razón, el juez Lijo ordenó ahora oficios a las firmas de la familia Macri como así también a Correo Argentino para que remita los libros societarios.
La incógnita que se expande es si el Gobierno avanzará en una nueva embestida contra un juez federal, luego de haberse cargado al camarista Freiler y acusar a Rafecas. Lijo sabe que tiene un expediente en su poder, que puede ser una carta fuerte para defenderse.
A fines de noviembre, La Nacion dio cuenta de una reunión en la que supuestamente estuvieron Macri, el ministro Garavano, el operador Daniel Angelici y el jefe de la espías Gustavo Arribas en el que se habría resuelto no convocar al hermano del juez, Alfredo Lijo, a dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura. Cuando finalice la feria de verano se verá.
