| Indagatoria

Gils Carbó responsabilizó a un funcionario por irregularidades en la compra del edificio

La Procuradora dijo que no hubo un perjuicio para el Estado por la compra del edificio de la calle Perón. Y que el único beneficiado fue el hermano de un funcionario.

Gils Carbó, en Comodoro Py.

Gils Carbó, en Comodoro Py.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó en tribunales federales de Retiro para ser indagada en una causa que investiga supuestas irregularidades en la compra del edificio para el organismo y presentó un escrito en el que negó el pago de comisión alguna en esa operación.
La acusación del fiscal Eduardo Taiano sostiene que se direccionó la licitación para la compra del edificio donde están las oficinas de la procuradora, en Perón al 600, y que se pagaron comisiones extraordinarias. Gils Carbó dice en el escrito que ella no se benefició y que la compra fue avalada por todos los procedimientos administrativos de la Procuración.
“La denuncia anónima que dio inicio a la investigación que involucra por el momento a la procuradora general del Nación planteaba en realidad una participación del ex marido de Alejandra Gils Carbó en la operación. Sin embargo, esos supuestos también fueron desacreditados por completo en el expediente. En la causa actual, no existe ningún elemento que involucre a la procuradora general de la Nación con las irregularidades investigadas”, dice el escrito.
Los argumentos de la defensa de Gils Carbó son los siguientes:
  • Se pagó el precio por metro cuadrado más bajo de las ofertas y $1.200.000 menos del valor total tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.  La Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación.
  • Diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación) analizaron las ofertas y fiscalizaron el proceso de compras. Los responsables de todas las áreas de la Procuración que intervinieron son funcionarios de carrera, que participaron en múltiples licitaciones anteriores.
  • Está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años.
  • Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill. (Bellingi fue el funcionario que llevó adelante el proceso de compra, Thill es su hermano).
  • La apertura del sumario administrativo y la suspensión de Guillermo Bellingi ocurrieron inmediatamente después de que la Procuración se enterara de la relación de éste con Juan Carlos Thill y de este último con la inmobiliaria Jaureguiberry.
  • Guillermo Bellingi defraudó la confianza de la Procuración General de la Nación. Ninguna de las autoridades del organismo conocía (tal como lo afirman testigos e imputados de la causa) a Thill, el vínculo de éste con Bellingi y la relación de este último con Jaureguibery.
  • El cargo de Bellingi era de “subdirector general”, una denominación dentro del escalafón administrativo. No fue el segundo en jerarquía del área de Administración, ni tuvo una relación de confianza ni formó parte del gabinete de la procuradora. Fue designado con “dependencia directa”, como cientos de personas en la Procuración, y en ese carácter la PGN podía destinarlo a distintas tareas en distintas áreas del organismo.
  • Guillermo Bellingi ingresó a la Procuración General de la Nación el 26 de septiembre de 2012. Su incorporación estuvo motivada en la necesidad de contar con un/a profesional con conocimientos técnicos en regímenes de compras y contrataciones en el ámbito de la administración pública para modernizar el régimen de contrataciones. Antes, i) fue director nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, ii) coordinador general y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y iii) en 2010 participó como uno de los expertos entrevistados por la ONG Poder Ciudadano en la publicación “Promoviendo las Compras Públicas Electrónicas para el Desarrollo”, un análisis comparativo sobre los regímenes de compras estatales de Brasil, Chile y México. (http://poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2010/09/para-web-informe-completo.pdf)
  • Antes de la licitación pública por la que se compró el edificio de Perón fracasaron en 2 años otros 4 intentos de adquisición de un inmueble para el Ministerio Público Fiscal. En los dos primeros intervinieron los ex procuradores Esteban Righi y Santiago González Warcalde. El tercer proceso fue declarado fracasado por la Comisión de preadjudicación, dado que las únicas dos ofertas resultaron técnica y económicamente inconvenientes respectivamente. El 31 de octubre de 2012 se abrió el cuarto llamado, que finalmente también se dejó sin efecto porque el proceso licitatorio no podía culminarse antes del cierre del ejercicio presupuestario 2012, momento en el que debían devolverse al Tesoro Nacional los fondos destinados a la adquisición. A su vez, en esta cuarta licitación las áreas técnicas de la Procuración habían puesto serios reparos respecto de la funcionalidad de los inmuebles ofertados.
  • A medida en que ocurrían los fracasos las áreas técnicas fueron modificando aspectos no esenciales de las licitaciones para permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes. Esta decisión fue positiva ya que en el quinto llamado se ofrecieron cinco inmuebles, entre los que figuraba el ubicado en la calle Juan Domingo Perón.
  • Durante los tres procesos licitatorios de los que participó, Alejandra Gils Carbó visitó distintos edificios relevados por las áreas técnicas para determinar la correspondencia de las necesidades específicas del organismo con la disponibilidad del mercado.
  • La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal. De hecho, en el edificio funcionan las procuradurías especializadas en Narcocriminalidad, Criminalidad Económica y Violencia Institucional, con sobrados éxitos en la investigación de organizaciones criminales, así como unidades fiscales y direcciones específicas.