Alejandra Gils Carbó ya tiene una nueva bandera que defender. Con la reforma judicial trabada en los tribunales, ahora la Procuradora General de la Nación y  principal impulsora de la agrupación Justicia Legítima, va por una reforma del Código Procesal Penal, proyecto que tiene mucho más consenso en la Justicia que las normas votadas por el oficialismo en el Congreso y que la llevó, hace diez días a Chile a observar cómo funciona el modelo de organización de fiscalías.

El eje de esta nueva idea de reforma en el plano federal es el paso hacia el  denominado sistema acusatorio en el cual los fiscales tienen el rol central en las investigaciones mientras que los jueces se ocupan de controlar que estas se realicen respetando las garantías de los involucrados. Un sistema similar al que funciona, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó quiere que los fiscales sean los responsable de la investigación.

Actualmente, en la justicia federal, son  los jueces quienes ostentan el protagonismo en la instrucción que, según el caso, puede delegar en el fiscal. Al mismo tiempo, el sistema que estudia Gils Carbó ofrece la posibilidad de un mayor control civil durante la investigación de los expedientes. Pero el peso de la investigación queda en manos de los fiscales, que pasan así a tener mayor protagonismo, en el fuero penal.

Si la procuradora decidiera avanzar con esta reforma encontraría aliados insospechados, como es el caso de Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados  por la conservadora lista Bordó  y quien se ha pronunciado a favor del régimen acusatorio en dos audiencias organizadas en el Congreso. Sería un terreno común entre dos sectores que actualmente se diputan el liderazgo del Poder Judicial.

Gils Carbó podría encontrar inspiración de este lado de la cordillera, en realidad a solo unos minutos de su despacho: el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano (conservador y cercano al Opus Dei) reformuló el ministerio público porteño inspirado en el ordenamiento chileno.  Llamativos aliados podría encontrar la procuradora.

La principal traba que implica una reforma de este estilo es la  caja para dotar a los fiscales de mayores atribuciones.  Actualmente, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto muy por debajo del Consejo de la Magistratura. Cada vez que el tema se ha conversado en el Congreso este  ha sido el punto más crítico.

No se trata de una cuestión menor, a punto tal que el manejo del presupuesto del Poder Judicial se ha convertido en un tiro y afloje en las tensas relaciones que la Corte Suprema de Justicia mantiene con el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Son temas de los que habla durante la feria judicial de invierno, cuando los pasillos de los tribunales están vacíos y hay más tiempo para pensar sobre un mejor funcionamiento de la Justicia, más allá de las urgencias cotidianas.