La conferencia de prensa del presidente Macri en la que se refirió al controvertido acuerdo entre el Estado y Correo Argentina S.A., la empresa de su padre, dejó algunas definiciones que es necesario aclarar, porque más allá de los deseos del primer mandatario el concurso de acreedores se discute en el Poder Judicial, dentro de un expediente, aún en trámite.

Macri dijo que el Gobierno volverá a «foja cero» en el acuerdo alcanzado el 28 de junio del año pasado entre el Estado y el Correo «porque no hay ningún hecho consolidado» el entendimiento. Las dos definiciones de Macri contienen un error, según lo puede reconocer cualquier estudiante de derecho.

“No existe ir a foja cero”, explica la abogada Natalia Volosin, experta en criminalidad económica con un master y un doctorado en curso en la Universidad de Yale. Por más que Macri haya instruido al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a dar marcha atrás en el trámite en el fuero comercial.

“Nadie puede alegar su propia torpeza, es un principio general del derecho”, aclara Volosin, con lo cual el pedido de Macri de convocar a una audiencia pública, con expertos nacionales e internacionales, para decidir que hacer es impracticable.

Además, hay un hecho consolidado en el expediente y es la aceptación por parte del Estado de la propuesta del Correo S.A. presentada el año pasado por lo cual propone pagar en un plazo de 15 años, con una tasa del 7% anual, la deuda consolidada en 2001 por un monto de 292 millones de pesos.

«Instruí al Mtro que «vuelva a foja cero» = «Pido gancho» En qué artículo de la ley de quiebras se basa? Correo SA ratificó ayer acuerdo», dijo a vez la abogada Delia Ferreira, integrante de Transparencia Internacional, en su cuenta de twitter.

Una alternativa es que los abogados del Ministerio presenten un escrito en el que argumenten que rectifican su aceptación de mediados del año pasado y ya no quieren el acuerdo. La empresa presentó ayer un escrito en el que criticó a la fiscalía y ratificó la propuesta de pago del año pasado.

Macri dijo «reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre», al insistir en que no estaba el tanto del acuerdo y que había sido una iniciativa de Aguad resolver la controversia.

«Empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de este problema y que ustedes (los jueces) dispongan y nos traigan una propuesta porque hay que resolverlo», aseguró Macri en la conferencia de prensa.

Los jueces de la Cámara Comercial, está claro, no le pueden llevar una propuesta al presidente. Deben resolver con lo que hay hoy en el expediente. Una propuesta de la empresa concursada, la aceptación de esa oferta por parte del abogado Juan Carlos Mocoroa, en representación del Ministerio de Comunicaciones y la oposición al acuerdo por parte de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín.

Volosín plantea una la salida «elegante» del caso. “Esto es que la Cámara anule el acuerdo por falta de competencia de Mocoroa y negocien un nuevo acuerdo”, dijo la experta. La fiscal Boquín había cuestionado en su dictamen la capacidad de Mocoroa de aceptar la oferta del Correo sin haber consultado antes o haber obtenido un informe fundado para justificar la aceptación de la oferta.

Según los cálculos que presentó Boquín en la causa, aceptar el acuerdo significaría para el Estado una enorme pérdida y convalidar una quita superior al 98 por ciento. Para la Fiscalía la deuda actualizada es de 4.000 millones de pesos y sería de 70.000 millones cuando eventualmente se termine de pagar.

El Gobierno dio un giro: de criticar a la fiscal por objetar al acuerdo, a la propuesta de Macri de ir a fojas cero. Decide la Cámara.