El cierre de las jornadas de los fiscales.

Se realizó el viernes el cierre de las XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA. A lo largo de tres días, prestigiosos especialistas y funcionarios debatieron sobre problemáticas que abordan diariamente la justicia.

El Acto de Cierre estuvo a cargo de Pablo López Viñals, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina; Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires; Luis Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; y Santiago Otamendi, Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Pablo López Viñals hizo hincapié en la propuesta que presentó el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. Los procuradores solicitaron una reforma integral al Código Penal orientada a darle mejor protección a víctimas de violencia de género. Además propusieron cambios en el abordaje de la narcocriminalidad y la ciberdelincuencia. Por su parte, Santiago Otamendi, se comprometió a contribuir desde el Ministerio a trabajar en la dirección propuesta por los Procuradores y Fiscales Generales para brindar una respuesta integral a las víctimas.

“Las jornadas reflejaron el complejo trabajo de los Ministerios Públicos en todo el país y nos permitieron debatir y enriquecernos con la experiencia de cada jurisdicción”, remarcó Luis Cevasco.

Durante la última jornada, se desarrolló el panel Desafíos Actuales del Sistema de Administración de Justicia, en el cual expuso Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, y María Gattinoni, Directora de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. La mesa fue coordinada por el Fiscal de Cámara de la Ciudad, Walter Fernández.

Cevasco destacó los desafíos que enfrenta la administración de justicia en el siglo XXI: “Vivimos en una sociedad a la que no le sirven las respuestas formales, lo que demanda son respuestas efectivas y en tiempo real. Ese objetivo no se puede lograr utilizando los métodos procesales del siglo XIX, en el XXI. Y señaló “se debe poner al ciudadano, a la víctima, en el eje de la labor judicial, algo que no ocurre en el sistema procesal tradicional. Muchos se preguntan, por ejemplo, porque es tan conflictiva la relación de la prensa con el poder judicial. Es simple, los periodistas, como la sociedad, viven a la velocidad de la luz, mientras la justicia se toma tiempos muchas veces inaceptables”. En tanto, María Gattinoni se refirió a la idoneidad necesaria en la actualidad de los funcionarios judiciales.

La temática del lavado de dinero fue abordado por dos jueces, Patricia Llerena, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal del Poder Judicial de la Nación; y Javier López Biscayart, Juez en lo Penal Económico del Poder Judicial de la Nación. La coordinación estuvo a cargo del Fiscal de la Ciudad, Gonzalo Viña. La jueza Patricia Llerena resaltó  “en nuestro país por primera vez se incorpora la responsabilidad penal a la persona jurídica y esto es fundamental en la lucha contra el lavado”. Por su parte, Javier López Biscayart se refirió a la complejidad para investigar y condenar los delitos económicos.

En otro panel se debatió sobre enriquecimiento ilícito y su relación con la falta de tributación estatal. Expusieron los funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Silvina Rivarola y Mariano Federici. Rivarola, se refirió al delito tributario, caracterizándolo como un delito precedente del lavado de activos, que tiene un carácter transnacional inevitable. A su turno, Mariano Federici contó el trabajo que realiza la UIF, y destacó la autonomía del organismo. Además señaló “hacemos inteligencia financiera, no criminal, la cual requiere una colaboración estrecha con otros organismos”.

Las Jornadas además contaron con una mesa sobre Gestión de Procesos Judiciales conformada por Jorge Miquelarena, Procurador General de Chubut, y Héctor Chayer, Coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También se debatió con especialistas y fiscales sobre el análisis científico del delito y los criterios de calidad en los laboratorios de los Ministerios Públicos.

Fuente: La Fiscalía.