Los fiscales ya habían pedido la indagatoria de Isabel Perón.

Los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, renovaron hoy ante la Cámara Federal de esa provincia el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela “Isabel” Martínez por 270 víctimas del denominado Operativo Independencia, que implementó el terrorismo de Estado localizado en el ámbito de aquella provincia en 1975.

La intervención de la fiscalía se dará en el marco del recurso de apelación interpuesto el 6 de febrero pasado a la negativa del juez federal Raúl Daniel Bejas de llamar a declarar como imputada a la ex presidenta porque -contrariamente al Ministerio Público Fiscal- considera que las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán de manera autónoma y sin la aquiescencia del Poder Ejecutivo Nacional.

Tal como ya lo adelantaron Camuña y Rovira cuando apelaron la resolución del juez, la exposición de la fiscalía  estará centrada en atacar por “arbitraria”  y por constituir un “sobreseimiento ficto” -es decir, de hecho- la decisión de Bejas, al no permitir el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada. En ese sentido, apuntarán al rol “esencial” cumplido por la presidenta Martínez en los hechos.

Bejas había concluido que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno constitucional y que, por tal motivo, “no habrían contado con la ‘aquiescencia’ del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar”.

En ese sentido, el juez federal también expuso la teoría de la autonomía de los militares. Indicó que “desde el año 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”.

Camuña y Rovira habían solicitado la detención de Martínez el 20 de diciembre de 2011 e imputaron alrededor de 130 personas. El juez demoró más de un año en resolver el pedido y el 27 de diciembre pasado negó la solicitud de indagatoria de la ex mandataria.

Los fiscales sostuvieron en su primera presentación que Martínez era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que ”con esa función, tenía como atribución disponer de las fuerzas militares, su organización y distribución según las necesidades de la Nación”.