Algunos de los párrafos más duros del discurso del presidente Alberto Fernández durante la asamblea legislativa del martes 1° fueron dirigidos a la Justicia.

“Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad del poder judicial con el poder económico”, dijo en un momento, al referirse a las medidas cautelares que frenaron la aplicación del decreto que declara servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable.

Eso les permitió a las poderosas empresas que brindan esos servicios seguir aumentando tarifas sin control: “ellos registraron el mayor aumento de precios”, denunció el Presidente.

Fernández no sólo vinculó a jueces, camaristas y supremos con la cuestión inflacionaria -permiten el aumento de celulares y servicios porque juegan a favor de las grandes empresas-, sino que también le enrostró a la oposición que traban todas las reformas y, por lo tanto, impiden la creación de juzgados y cámaras especializados en narcotráfico en la zona de Rosario.

Freno a la reforma

“En ese proyecto de Ley, además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales”.

“Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, aseguró.

La referencia es precisa porque en las causas que se han tramitado en otras jurisdicciones, como la de espionaje que se originó en Dolores, terminan en los tribunales de Retiro.

En esa línea, el Presidente dijo que «ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Avanzaremos en la implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliaremos también los mecanismos de acceso a la justicia».

Y también hubo críticas para el funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial, que miraban desde un palco en el recinto.

«La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo», indicó.

Se fueron

Uno de los hechos más llamativos de la asamblea fue cuando los legisladores del PRO se levantaron de la sesión y se fueron cuando el presidente recordó que había hecho una denuncia para que se investigue el préstamo que el Gobierno de Macri tomó con el FMI.

Dijo que correspondía avanzar en la querella criminal contra los exfuncionarios del gobierno de Macri. La causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti y que investiga, por delegación, el fiscal Franco Picardi es por el delito de administración fraudulenta y fraude en perjuicio del estado.

A fines del año último, Picardi pidió incorporar al expediente el informe oficial del FMI en el que se consigna que de ninguna manera se cumplieron con los requisitos del propio Fondo para otorgar semejante cantidad de dinero a la Argentina.

La denuncia que hizo el Gobierno se dice puntualmente que la administración de Macri “ejecutó un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional».

La querella sigue

En su discurso, el mandatario aclaró que ningún acuerdo con el Fondo cambia la querella criminal: “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo con el FMI tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.

Fernández también se refirió a la forma de actuar de las fuerzas de seguridad, muchas veces involucradas en casos de gatillo fácil.

«La Argentina tiene la obligación ética de prevenir y erradicar la violencia institucional. Enviaré un proyecto de Ley que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino», explicó.