MenúEl ex titular del área de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Farrell, fue sobreseído en la causa penal por el derrumbe en el boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010 y que causó la muerte de dos jóvenes.De esta forma se despejaría su candidatua a juez porteño, impulsado por el oficialismo.
El cierre de la causa contra Farrell fue dictada por la jueza de Instrucción Alicia Iermini quien, en cambio, dictó el procesamiento de la ex funcionaria porteña Vanesa Berkovski por presunto “cohecho pasivo” y ordenó un embargo de 6.000.000 de pesos sobre sus bienes.
Farrell, candidato a juez en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad, había sido acusado por el fiscal Andrés Madrea de “arreglar” con los dueños de Beara para habilitar el local en el que luego murieron dos adolescentes por el derrumbe del entrepiso, informó Página 12.
La candidatura del ex funcionario porteño fue impugnada por familiares de las víctimas que murieron por el derrumbe en el boliche Beara y por los legisladores de la oposición, quien sosienen que tiene otros procesos abiertos.
El fiscal Madrea pidió en cuatro ocasiones que Farrell fuera citado a indagatoria, al atribuirle un “acuerdo espurio”, en el que habrían intervenido policías federales para, a cambio de dinero, permitir desde 2007 a 2010 el funcionamiento del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio de Palermo. Junto con Farrell también fue sobreseído el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas.
Además de Berkovski, fueron procesados, por el mismo delito y monto de embargo, el ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano y el inspector Carlos Gabriel Mustapich y los gestores Leandro Camani y Matías Pantarotto e Isaac Rasdolsky, el arquitecto encargado de las habilitaciones, por falsedad ideológica de instrumento público.
También fueron procesados por cohecho los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.
Los empresarios sumaron este procesamiento al que se les había dictado por la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20. Gustavo Amaru, quien habría autorizado la construcción del entrepiso, fue procesado por “homicidio culposo agravado por haber causado la muerte de dos personas, en concurso ideal con lesiones culposas graves (tres episodios) y leves calificadas por la cantidad de damnificados (once)” en “concurso real con falsedad ideológica de documento público”.
