Por Javier Sinay.

Mientras continúa el juicio contra los policías Daniel Guillermo Espósito, Carlos Ariel Tolosa, Marcelo Fabián Falcón, Luis Díaz Zapata y María Valeria Maciel, acusados de matar a Daniel Migone en la comisaría 9ª de La Plata el 9 de noviembre de 2005, la provincia de Buenos Aires se debate entre tener o no su propia policía judicial y su fiscalía contra la violencia institucional.

Varios proyectos han sido presentados, en ese sentido, y uno ha sido promulgado, pero todavía no entró en gestión. Alberto Mendoza, cofundador de la Asociación Miguel Bru y prosecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, explica que “la policía judicial será un órgano que dependerá del Poder Judicial directamente, y que estará encargada de investigar en los casos en los que esté involucrada la policía

El ministro de Seguridad pierde poder con la nueva Policía Judicial.

bonaerense”.

El proyecto surgió desde la Comisión Provincial por la Memoria, que lo elevó al Poder Ejecutivo provincial, de donde fue modificado y reenviado hacia el Senado de la provincia. Allí, con el apoyo de vicegobernador Gabriel Mariotto, fue aprobado a la vez que el propio gobierno provincial patrocinaba la realización de foros a lo largo del territorio bonaerense para que los miembros del Poder Judicial y de las organizaciones sociales pudieran discutir y realizar aportes.

“Pero en estos momentos el proyecto, que ya es ley, está frenado por la procuradora general, la doctora María del Carmen Falbo; y por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal”, sigue Mendoza. “Parecería que no lo apoyan porque esta policía judicial podría quitarle poder a la policía de la provincia de Buenos Aires e incluso al ministerio de Justicia y Seguridad, a cuyo frente está Casal, y podría romper con la administración del delito que hace la policía bonaerense y que tiene que ver con el narcotráfico, la trata, los desarmaderos y la caja chica, aparte de los casos de violencia policial y de gatillo fácil”.

La policía bonaerense parece estar cercada por varios flancos. El próximo 9 de junio Mar del Plata votará en un plebiscito habilitado por el intendente vecinalista Gustavo Pulti sobre la posibilidad de crear una fuerza policial propia. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema en un discurso, en Lomas de Zamora, donde, según la agencia Télam, “pareció dar aire a la iniciativa de municipalizar las policías, aunque no se definió al respecto y quizá los impulsores locales de la medida hayan leído entrelíneas con un optimismo algo exagerado”.

El proyecto de una fiscalía contra la violencia institucional aportaría en el mismo sentido que el de la policía judicial. Pero cuando piensa en la Justicia, Rosa Bru -la madre de Miguel Bru, una de las víctimas emblemáticas de la violencia policial en la provincia de Buenos Aires- sabe que no hay demasiado entusiasmo. “Falta apoyo. Pero también que decir que hay quienes están de acuerdo, convencidos de que esto es lo que realmente corresponde”, dice. Ejemplos de lo contrario le sobran. “En los últimos meses la Asociación Miguel Bru siguió un caso en el que mataron a Christian Domínguez, un chico que entró en la comisaría 1ª de Berisso y que apareció ‘suicidado’”, comenta la señora Bru. “El fiscal Leandro Heredia le ordenó a la misma policía que lo había suicidado que instruyera el sumario. Fue un escándalo. Al final pasaron cuatro fiscales y se pudo demostrar que era un asesinato”.

“Generalmente, los que llevan adelante la instrucción no son los fiscales sino la misma policía, que es la que les dice qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas de acuerdo a sus propios intereses”, retoma Mendoza. “Así pasó con el caso de Miguel Bru y con el de Migone, que ahora está siendo juzgado. Tradicionalmente los fiscales le delegan la investigación a la policía y ésta detiene a perejiles para cobrar impacto mediático. Las investigaciones no se llevan a cabo con la transparencia que deberían tener y la policía tiene un autogobierno”.

Dentro del proyecto de ley ya promulgado se plantea que los miembros de la policía judicial no deben ser miembros exonerados de ninguna fuerza de seguridad, y que estarán bajo la órbita del poder judicial. No sólo la procuración general controlará a esta nueva policía, sino también las organizaciones sociales y de derechos humanos. Por hoy, parece una ilusión.