Expertos en temas penales y en crimen organizado dijeron que el anuncio realizado por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei sobre las reformas en la Policía Federal Argentina (PFA) “contiene errores técnicos de un preocupante nivel de amateurismo”.

Los analistas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penles y Sociales (Inecip) y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) dijeron en un comunicado que la Federal “necesita una reforma profunda que la transforme en una agencia federal moderna y especializada en la investigación del crimen organizado”.

“Sin embargo, el Ministerio de Seguridad ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real. A través del Decreto Nº 383/2025, impulsó una reforma que no cumple con ese objetivo: mantiene intacta la matriz operativa actual de la PFA”, agregaron.

Este martes, como parte de las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases, Milei derogó la Ley Orgánica de la PFA, que se había dictado en enero de 1958, en plena dictadura de la Revolución Libertadora.

El anuncio central fue la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que será –de acuerdo con la descripción oficial– la columna vertebral de la PFA. El DFI aspira a ser la versión vernácula del Bureau Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

Los expertos recordaron que hace casi 10 años, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el traspaso de la función de seguridad preventiva en las calles de CABA —y aproximadamente la mitad de su personal— a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina quedó sin un sentido organizacional claro y a la espera de una reforma que readecuara sus funciones.

“La necesidad, potenciada por la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal, era clara: convertir a la PFA en la tan anunciada agencia federal de investigaciones criminales, al estilo del “FBI argentino”. Es decir, una institución profesionalizada, moderna y enfocada exclusivamente en la investigación de delitos complejos de competencia federal”, dijeron los expertos.

Esta necesidad se fue acrecentando a medida que fueron avanzando fenómenos tan graves como el narcotráfico, del cual dan cuenta distintos informes oficiales y de otros sectores, como la Iglesia y organizaciones comunitarias. La situación, mucho más agravante si se observa el escenario regional, con organizaciones criminales cada vez más avanzadas en países vecinos, no deja lugar a maquillajes banales ni a acciones marketineras vacías de contenido.

“Sin embargo, el Poder Ejecutivo, por iniciativa del Ministerio de Seguridad, emitió un decreto que representa una nueva oportunidad desperdiciada. La norma apenas retoca el organigrama de la PFA, sin alterar de fondo el funcionamiento de la fuerza. Conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna, cuya misión debería ser desarticular organizaciones criminales y producir evidencia útil para su juzgamiento proceso penal”, explican.

Resaltan también que el alcance limitado del decreto es evidente: incluso mantiene al personal de bomberos dentro de una estructura que debería estar dedicada al combate del crimen organizado. Además, no se modifican normas esenciales del régimen profesional que rigen desde hace más de 40 años, lo cual impide avanzar en una carrera policial basada en la formación técnica, la especialización y la investigación criminal.

“Por no avanzar, esta reforma representa un retroceso. Obstaculiza la profesionalización del personal policial y su modernización, a la vez que limita las posibilidades del Ministerio Público Fiscal federal para utilizar eficazmente las novedosas herramientas del sistema acusatorio en la investigación y persecución de mercados criminales como la trata de personas, el narcotráfico, los delitos económicos y financieros, la corrupción, el tráfico de armas y los delitos digitales”, agregaron.

Dicen que el problema se agrava por el carácter inconstitucional del Decreto 383/2025. Al ser un decreto “delegado” dictado en el marco de la Ley Bases, el texto evitó el proceso legislativo, lo que no solo impidió un debate plural que habría enriquecido la reforma, sino que derivó en graves errores técnicos.

“Entre ellos, se destaca la inadecuada regulación de detenciones por “averiguación de antecedentes” sin orden judicial por un lapso de 10 horas, una figura heredada de la vieja ley orgánica, pero derogada tácitamente por el nuevo Código Procesal Penal Federal. Esto no sólo refleja un desconocimiento del orden normativo vigente, sino que además evidencia la grave incomprensión por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de lo que implica una agencia moderna de investigación de criminalidad compleja, cuyas tareas distan mucho de estar haciendo detenciones o requisas “al voleo”. Además, podría derivar en futuras declaraciones de inconstitucionalidad por regular materia procesal penal mediante decreto”, advierten.

Por eso piden que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales rechace el decreto de la reforma y promueva el debate de una nueva Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina.

“Una ley que permita una reforma integral y seria, que convierta a la PFA en una verdadera agencia federal de investigación especializada en el crimen organizado”.