| Informe oficial

Exclusivo: el espionaje ilegal durante el macrismo alcanzó a 307 personas y 170 organizaciones

Así lo revela el dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso.

Macri y Arribas, el jefe de la AFI.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso dará a conocer hoy el informe y dictamen de la subcomisión que analizó durante varios meses y recogió numerosos testimonios sobre el espionaje ilegal que se efectuó en el Gobierno de Mauricio Macri.

La comisión, presidida por el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos), se reunió esta mañana a puertas cerradas -tal como lo establece el reglamento de ese cuerpo- para firmar el dictamen.

Según adelantó Moreau, el informe revela que “307 ciudadanos y 170 organizaciones políticas, gremiales, comunitarias y religiosas han sido víctimas de ese espionaje ilegal” durante el gobierno de Cambiemos.

“No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri”, dice el dictamen al que accedió CyR.

Quebrar a las víctimas

“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”, dice el informe.

El trabajo consigna que las operaciones contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

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El objetivo de las operaciones puestas en marcha de manera ilegal fue armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la
intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales.

El dictamen sostiene que este espionaje ilegal se produjo a través de células que se crearon específicamente para ese objetivo. Se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado, aunque no el uso de sus recursos.

Cien millones

De otra forma, se corría riesgo de que la información se filtrara y, sobre todo, que quedaran demasiadas huellas de
la ilegalidad en el camino. Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa.

“No era posible armar este circuito ilegal sin financiamiento. Mientras Majdalani y Arribas reclutaban los agentes, el Presidente Macri decidía por decreto que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados, categoría de fondos que fuera eliminada por ley en el año 2014. Las fechas no son números en un calendario, son hilos que ayudan a reconstruir una trama. Con el decreto 656, firmado el 6 de mayo de 2016, el ex presidente Mauricio Macri anuló el decreto 1311 firmado en julio de 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, que reglamentaba la Ley de Inteligencia que había sancionado el Congreso de la Nación meses antes”, dice el dictamen.

“Esa decisión, dispuso que los recursos destinados presupuestariamete a la AFI, volvieran a ser gastos reservados sin control alguno. En el 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces”, agrega.