El espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri tiene en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora -el más importante de la provincia de Buenos Aires- una trama inquietante que incluye una feroz pelea entre fiscales y una denuncia contra el titular de Procuración General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, acusado de armar causas y usar los expedientes judiciales para perseguir opositores.
El fiscal general de aquel departamento judicial, Enrique Ferrari, denunció que Conte Grand se dedicó al armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales, a través de una unidad fiscal especial, según consta en el escrito que presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
El fiscal general de Lomas puso en conocimiento de Villena «las denuncias realizadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el señor procurador general Dr. Julio Marcelo Conte Grand y a otros magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.; como coautores o partícipes de la necesaria aquiescencia para la configuración de las maniobras y resultados a mi entender delictuosos».
Ferrari consideró de «gravedad institucional» los delitos denunciados contra Conte Grand y otros funcionarios a través de la «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora» .
Intereses políticos
Según la denuncia de Ferrari, “el Fiscal General Adjunto, el Dr. Sebastián Scalera y sus secretarios a través de «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora» no sólo no han podido informar-en tiempo y forma- sobre el contenido, estado y cantidad de las causas que tramitan ante esa Fiscalía, sino que, y peor aún habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de «Lawfare»), entre otros, en donde han participado Funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera, cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los Dres. Carzoglio y Vitale”.
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En su escrito agregó que “ante las innumerables denuncias que estaban indicando a los Dres. Sebastian Scalera, Pablo Rossi y sus secretarios ( Dres. D’ Onofrio y Cabas entre otros) con respecto al desempeño “particular” – y su relación con agentes de inteligencia -que tendrían en la «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora» donde se recibían a funcionarios de la AFI y de inteligencia, y del Ministerio de Seguridad Nacional; es que con fecha 26 de febrero del corriente año, mediante la Resolución 4/20 decidí disolver la Unidad en cuestión, y distribuir las investigaciones entre los fiscales naturales que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas y transparentar el trabajo cotidiano del centenar de trabajadores judiciales que con esfuerzo y perseverancia llevan adelante la administración de justicia”.
Pelea entre fiscales
Lo llamativo de la denuncia es que el fiscal adjunto Scalera, había sido nombrado en ese lugar durante el gobierno de Cambiemos a pedido del propio Ferrari, según dijeron fuentes judiciales de Lomas de Zamora.
La Unidad Fiscal Especial llevó adelante algunas causas graves como las de evasión en La Salada, pero además buscó por todos los medios perseguir a la familia Moyano, luego de que el titular del gremio de Camioneros llegara a la presidencia de Independiente.
Las mismas fuentes recuerdan que Scalera retuvo dos cargos al mismo tiempo: el de fiscal general adjunto y el de fiscal de primera instancia, con lo cual estaba en dos instancias a la vez. “Es como si el mismo pudiera supervisar su trabajo. Para eso existe la instancia superior”, explicó un fiscal con años de experiencia.
Pero después de que Conte Grand nombró a Ferrari como adjunto, lo que supone un enorme grado de confianza, en algún momento de 2019, cuando el ocaso de Cambiemos ya tenía horizonte, la relación se rompió. Las mismas fuentes sostienen que Scalera se mantiene en su cargo, sostenido por Conte Grand, quien llegó a la Procuración de la provincia después de haber sido secretario general de la Presidencia de María Eugenia Vidal. Es decir, pasó del Poder Ejecutivo al Ministerio Público sin escalas.
La renuncia de Falbo
Conte Grand consiguió su cargo luego de que durante el gobierno de Vidal se logró la renuncia del María del Carmen Falbo, la histórica procuradora ligado al peronismo, que presentó su renuncia a fines de 2016, cuando en un programa de Jorge Lanata se la vinculó falsamente con la triple fuga de la cárcel de la cárcel de Alvear, de los acusados por el triple crimen de General Rodríguez.
Falbo recibió a un enviado de Vidal quien le comunicó que la entonces gobernadora quería su cargo. Ante el rechazo, le advirtió que la prisión mediática sería insoportable. Días después aparecía en el programa de Lanata.
Esos mecanismos de aprietes judiciales y mediáticos fueron habituales durante el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel de la Justicia federal como en la provincial, según la pone de manifiesto ahora el fiscal Ferrari con su presentación ante del juez Villena.
Ferrari desembarcó como fiscal general en Lomas de Zamora de la mano del ex viceministro de Justicia, Julián Alvarez, quien luego buscó llega a la intendencia de Lanús y no consiguió desplazar a Néstor Grindetti, el ex funcionario de Mauricio Macri en la jefatura de gobierno porteño.