El escándalo generado por el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo este miércoles varias derivaciones de importancia.
Se ordenó el allanamiento de la cárcel de Ezeiza, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó como querellante en la causa ante el juez federal Federico Villena y además se dispuso la intervención del Servicio Penitenciario Federal.
El allanamiento fue ordenado por el mismo Villena y fue ejecutado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional, para detectar el “alambrado” del pabellón con cables y micrófonos donde estaban alojados los presos vinculados con el kirchnerismo.
En el programa de Rolando Graña del último domingo se difundió una grabación en la que aparece hablando Alan Ruiz, coordinador de espías en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que explica que se había dispuesto la intervención con micrófonos en la cárcel de Ezeiza, en acuerdo con los responsables de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal para espiar a los presos.
El presidente Alberto Fernández reiteró hoy su «enorme preocupación» por el caso del espionaje ilegal y anunció la decisión de intervenir el SPF, cuyo titular Emilio Blanco, renunció al cargo semanas atrás.
«Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer» con las denuncias de presunto espionaje ilegal, dijo Fernández esta mañana en declaraciones a Radio 10 y, en relación al Servicio Penitenciario Federal, anticipó: «Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de que estas cosas nunca más ocurran».
Intervención del SPF
En ese marco, anticipó: «Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, al mismo tiempo, va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal».
Durante la tarde trascendió que la interventora en el SPF será la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, una de las fundadoras del espacio Justicia Legítima y una camarista jubilada de enorme prestigio con una destacada trayectoria en el fuero penal ordinario donde hizo toda su carrera.
La otra novedad de importancia en el escándalo del espionaje ilegal fue la presentación de Rodríguez Larreta en la causa que tramita el juez Villena, quien lo citó como testigos para ver los elementos que había en la causa.
El jefe de gobierno porteño decidió presentarse como querellante luego de haber visto las fotografías que había en el expediente de seguimientos que le habían realizado mientras mantenía reuniones con vecinos o llevaba adelante su gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires.
En declaraciones radiales formuladas ayer, Rodríguez Larreta dijo que confiaba “en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades».
«Repudio estos procedimientos, sobre mí o sobre cualquiera, pero estoy convencido que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección; estoy convencido que no tiene nada que ver»», remarcó el jefe de gobierno.
Cerca del alcalde porteño aseguran que los problemas cotidianos generados por la pandemia ocupan la mayor parte del tiempo del Jefe de Gobierno aunque se admite el desagrado de haber constatado que fue espiado por el mismo espacio político del que formaba parte.