Arribas, nuevamente en la mira.

Durante la gestión del escribano Gustavo Arribas -el gran amigo del ex presidente Mauricio Macri- en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se realizaban tareas de espionaje a figuras políticas, periodistas o dirigentes sin requerimiento judicial, con lo cual se supone que esas tareas se llevaban adelante para darle un uso reservado a la información que se obtenía mediante extorsiones, aprietes o los ya célebres carpetazos.

Así se desprende de tres causas judiciales que se encuentran en trámite en dos juzgados federales, según dijeron fuentes con conocimiento de los tres casos que se investigan y que se encuentran en diferentes estados de avance.

Una de las causas es la que lleva adelante Marcelo Martínez de Giorgi a raíz de la denuncia presentada por la actual interventora en la AFI, Cristina Caamaño, luego del hallazgo de un disco rígido con un lista de más de 80 personas a las que se les había intervenido el mail sin orden judicial.

En esa denuncia fueron imputados Arribas, quien era la número dos del organismo en Cambiemos, Silvia Majdalani, varios agentes y el propio Macri. La denuncia recibió el requerimiento de instrucción del fiscal Jorge Di Lello y el juez ordenó este martes una serie de medidas, entre las que se incluye en peritaje sobre el disco rígido.

Martínez de Giorgi dispuso también que la AFI le remita copias de los legajos de los agentes mencionados en la denuncia judicial y que se detalle de la nómina del personal contratado en la agencia entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.

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Para realizar el peritaje, el juez dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema, y le requirió que informe qué tipo de información tiene el disco, si existen correos electrónicos, su titularidad, quiénes tuvieron acceso a esa información y si se pueden identificar discos extraíbles que se hubieran conectado a él.

La denuncia de Caamaño consignaba que “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividdad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.

El texto agregaba que “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla -con algunas falencias del sistema-, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”.

Lo llamativo de esa lista de espiados es que incluía no sólo a dirigentes que entonces estaban en la oposición sino también a figuras de la Alianza Cambiemos o a periodistas que apoyaban sin dudar al anterior gobierno como Luis Majul, quien se presentó en la causa como querellante para pedir además que se resguarden los eventuales contenidos de los correos en caso de ser recuperados.

Las otras dos causas en las que se investigan actividades de espionaje durante el gobierno de Cambiemos sin orden judicial, están a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. 

Una de las causas se originó tras la declaración de un acusado de narcotráfico apodado “Verdura”, quien aparentemente contaba con protección policial y quien le habría contado al juez sus vínculos con un abogado que se desempeña en la zona sur del conurbano bonaerense que habría sido contratado por la AFI.

La otra causa la realizó meses atrás en el mismo juzgado de Villena la actual conducción de la agencia y se refiere a un seguimiento ilegal de la actual vicepresidenta Cristina Fernández durante el gobierno anterior.

Las fuentes consultadas dijeron que se descubrieron seguimientos en auto en el domicilio particular de CFK en el barrio de Recoleta y en la sede del Instituto Patria, fundado por la ex presidenta cuando dejó el gobierno en 2015.

La declaración del narco Verdura llevó al allanamiento del estudio del abogado, donde se encontró también información de actividades de espionaje ilegal también a funcionarios y dirigentes de Cambiemos como de la oposición.

Según consigna hoy Página 12, entre los espiados se encontraban Horacio Rodríguez Larreta,Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Nicolás Massot, Cristian Ritondo, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hija Florencia, Luis Barrionuevo, Graciela Camaño y Hugo Moyano, entre otros.

Verdura le dijo al juez que fue contratado para poner una bomba en la puerta del edificio donde entonces vivía José Luis Vila, quien entonces era subsecretario en el Ministerio de Defensa del gobierno de Cambiemos.