Cuatro empleados del Banco Central quedaron cerca de ser enviados a juicio oral procesados por el supuesto robo de billetes, que eran enviados al organismo para ser destruidos, y por ponerlos nuevamente en circulación.
Los procesamientos de los cuatro imputados fueron confirmados por la sala I de la Cámara Federal porteña por el delito de «sustracción de bienes públicos», al confirmar un fallo de primera instancia del juez federal Sebastián Ramos, según la resolución.
Todos quedaron acusados por «haber formado parte de una maniobra defraudatoria que consistió en la sustracción de al menos 154 billetes de cien pesos que estaban inutilizados con el sello del Banco de Santiago del Estero, para luego, previo proceso de lavado, ponerlos en circulación”.
“Ello causó perjuicio a la entidad bancaria en tanto por el numerario que se destinó para la molienda se hizo un pase contable por el monto correspondiente. Los billetes provenían del Tesoro Regional de Tucumán y del Banco de Santiago del Estero», se recordó en el fallo de los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler.
Los billetes tenían como destino ser destruidos el 25 de abril de 2011 en la máquina de destrucción manual ubicada en el corredor del 1er. piso del edificio del Tesoro sito en San Martín 235, de la ciudad de Buenos Aires.
Tras ser sustraídos, otro de los imputados intentó ponerlos en circulación y cambiarlos por otros billetes en buen estado, tras lavar los sellos que los invalidaban.
“Los indicios incriminantes logran prevalecer en este momento por sobre las distintas afirmaciones defensistas”, argumentó la Cámara al confirmar los procesamientos y recomendar avanzar al juicio oral para «efectuar una evaluación acabada» de lo ocurrido.
El artículo 261 del Código Penal prevé penas de dos a diez años de prisión al «funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Los procesados fueron identificados por los investigadores como Gustavo Guarino, Alejandro Calvo, Raúl Cejas y Juan Adolfo Marinero, según informó la agencia Télam.
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