Enrique se refirió al traspaso de competencias.

El subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Enríquez, participó de la primera edición del “Dialogando BA – Traspaso de Justicia” que tuvo lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho.

Al exponer junto a los doctores Luis Lozano y Marcela Basterra, Enríquez destacó los avances del proceso de transferencia de la Justicia Nacional al ámbito porteño: “Ya nadie discute seriamente que la reforma constitucional de 1994 estableció para la Ciudad de Buenos Aires un régimen de autonomía amplio, que incluye la autonomía jurisdiccional. Hay consenso, me atrevería a decir, en todos los partidos con representación parlamentaria”.

“Por eso, continuó Enríquez, desde el Gobierno de la Ciudad estamos impulsando una transferencia progresiva y gradual de competencias, mediante acuerdos entre Nación y Ciudad. Como lo ejemplifico cada vez que me preguntan, no hay ningún interés federal en la ejecución de un pagaré, un desalojo o una demanda de alimentos. Buenos Aires es desde 1994 un nuevo sujeto del federalismo argentino y no aspira a otra cosa que a tener en materia judicial las mismas competencias que las demás provincias”.

Para el actual Subsecretario de Justicia porteño, “lo que falta precisar es la transferencia de recursos de la Nación a la Ciudad, pero con buena fe y confianza recíproca ese tema se va a encaminar. En cuanto a los beneficios laborales de los trabajadores judiciales, en la Ciudad serán los mismos o mayores que los que gozan en la llamada Justicia Nacional. No hay, por lo tanto, motivos válidos para oponerse a una iniciativa que por un lado cumple un mandato constitucional y por otro redundará en un mejor servicio de justicia para los porteños y quienes sin serlo intervienen en procesos que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, Enríquez celebró la aprobación en Comisión en la Legislatura porteña, de la denominada Ley Filmus, que es el tercer acuerdo de transferencias de competencias penales de la Nación a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Enríquez consideró que “esta aprobación demuestra que la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad constituye una política de Estado en la que están comprometidos todos los partidos políticos significativos del país”.