Por Rafael Saralegui.
Centenares de jueces, fiscales, defensores oficiales, secretarios y funcionarios que trabajan en la Justicia nacional y de las provincias serán protagonistas a partir de hoy de un hecho inédito desde la recuperación de la democracia en 1983. Durante dos días discutirán en la sede de la Biblioteca Nacional sobre lo que se ha dado en llamar «Una Justicia Legitima» con el objetivo de “iniciar un camino de acercamiento y conciliación del sistema judicial con la sociedad”.
El encuentro tiene, por varios motivos, características que lo convierten en algo extraordinario. Surgió, si se permite una figura que proviene del ámbito sindical, “por presión de las bases”, al no sentirse representados por las máximas autoridades de la Justicia, encabezadas hoy por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Justamente, Lorenzetti habló ayer durante el acto por el 150 aniversario de la creación de la Corte y de apertura del año judicial. A la ceremonia no asistieron el ministro de Justicia, Julio Alak, ni la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la cara más visible del movimiento por una “Justicia Legítima”.
Los dos habían confirmado al personal de Ceremonial que asistirían al acto encabezado por Lorenzetti. La ceremonia fue transmitida en directo por todos los canales de noticias, como si se tratara de una cadena oficial de la Presidenta. Sin embargo, Gils Carbó no se quedó sin cobertura mediática: ayer apareció en reportajes en los diarios La Nación, Tiempo Argentino, Bae y Página/12 para dar a conocer las ideas fuerza que aglutinan a los participantes del encuentro.
Y Gils Carbó será la principal oradora en la apertura de la jornada de hoy, que será cerrada por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), Antonio Cluny, invitado especialmente.
“No ocurre algo así desde 1976, antes del golpe, cuando jueces y funcionarios judiciales de todo el país se reunieron para discutir que tipo de Justicia necesitaba la Argentina. Muchos de ellos después fueron secuestrados o desaparecidos”, comenta a Crimen y Razón, uno de los organizadores del encuentro.
Durante la segunda jornada de debate, mañana desde las 14.30, está previsto que se realicen talleres para discutir el concepto de “independencia judicial”, los mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, la democratización y participación ciudadana en el sistema de administración de Justicia, políticas de transparencia, rendición de cuentas y presupuesto, entre otros temas que aparecen en la agenda.
Esos son los ítems que figuran en los papeles, pero seguramente habrá otras discusiones menos académicas y mucho más terrenales como la irritante excepción al pago del impuesto a las ganancias de que gozan los fiscales y magistrados. O si los jueces deben renovar sus cargos en forma periódica, a través de exámenes, o si los fiscales podrían se elegigos a través del voto popular. Todas cuestiones impensadas a poner en debate, en otros momentos, de lo que se llama “la familia judicial”.
“Lo ilegítimo es un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad. El sistema actual es corporativo, oscurantista, de lobbies aceitados con agentes externos, de reacciones corporativas que quieren disciplinar a los magistrados que denuncian a jueces corruptos, como es mi caso”, dijo Gils Carbó a La Nación, cuando se le preguntó cuál es la Justicia ilegítima.
¿Cuándo surgió este movimiento? A mediados de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia, hizo difundir un comunicado a través del Centro de Información Judicial, que depende directamente de Lorenzetti, firmado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, en medio de la pelea que el Gobierno y el Grupo Clarín tenían por la vigencia de la Ley de Medios. Los jueces se quejaban de que eran hostigados o perseguidos. Un par de días después, se difundió una solicitada en respuesta a la anterior firmada por centenares de académicos, fiscales, jueces y defensores y que decían no sentirse representados por el comunicado difundido por Lorenzetti. La primera firma era la de Gils Carbó. La pelea había comenzado.
Luego surgió, semanas después, otra declaración y la convocatoria al encuentro que comienza esta tarde en la Biblioteca Nacional. Para mañana, al cierre de las dos jornadas, se espera que se de a conocer otro documento final. Tampoco puede esperarse mucho más, el de hoy es un primer paso y se verá como sigue.
El año político recién acaba de comenzar, pero la Justicia ya es protagonista. Este mismo año, o a más tardar el próximo, la Corte seguramente deberá decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, luego de que resuelva la Cámara en lo Civil y Comercial al planteo presentado por Clarín. Allí quizás también entren en juego las aspiraciones políticas de Lorenzetti. ¿Será candidato a presidente, como lo sugirió su colega del máximo tribunal Carlos Fayt, en los agitados días de diciembre? ¿O permanecerá en su cargo, como se lo aseguró en privado a los otros jueces supremos en privado? Durante su discurso de ayer, parecía un candidato en campaña.
Por ejemplo cuando dijo: “durante muchos años la Corte fue un lugar para pocos, cuando debió ser para todos, cuando debió ser la casa de todos los argentinos, sin distinciones. Por eso hemos insistido tanto en que concurran a esta sala, en audiencias públicas, los pueblos originarios, los organismos de derechos humanos, las organizaciones ambientales, los habitantes de las villas, los niños que habitan en las orillas del Riachuelo. Todos los ciudadanos, ricos o pobres, de la Capital Federal o del interior, tienen iguales oportunidades de acceso a la Justicia”.
En un tono mesurado, coloquial, Lorenzetti dijo que la Corte Suprema de Justicia debe entender y aceptar las opiniones y problemas diversos que afectan a todos los actores del Poder Judicial, de los diversos fueros y jurisdicciones. No sólo le estaba hablando a quiénes estaban en la sala, sus palabras también iban dirigidas a los que se reunirán hoy en la Biblioteca Nacional.