Se trata de un hecho histórico con pocos antecedentes: comenzó hoy en el Palacio de Justicia la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia antes de decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, aprobada hace cuatro años y postergada en su aplicación plena por los sucesivos planteos del Grupo Clarín.
Antes de decidir sobre el fondo de la cuestión, la Corte habilitó una figura no muy utilizada en nuestro Poder Judicial: la de «amigos del tribunal», esto es personas que no son parte del expediente pero que tienen interés en expresar sus argumentos sobre el tema que se discute. Quienes se presentan de uno y otro lado muestran a las claras los intereses de cada sector.
En esa línea el máximo tribunal habilitó cinco «amicus curiae» por cada parte: cinco por el lado del Grupo Clarín, que se resiste a la aplicación de la ley, y cinco por el lado del Gobierno. Por el primero, se presentaron en su mayor parte instituciones que agrupan a propietarios de medios de comunicación, y el semiólogo Eliseo Verón, asesor del grupo y director de su maestría. Por el lado del gobierno se presentaron universidades públicas u organismos de defensa de los derechos humanos, como el Cels, o representantes del movimiento cooperativo.
Después de una breve introducción de Lorenzetti, cada expositor tuvo un plazo de quinces minutos para dar a conocer sus argumentos. El último turno de hoy fue para la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya expresó en un dictamen ante la Corte su posición favorable al respaldo de la ley.
Se estima que mañana los jueces escucharán los argumentos de los abogados que representan a Clarín y al gobierno. Y luego definirá el fondo de la cuestión: es decir si la ley aprobada por el Congreso para regular el mercado de medios electrónicos puedes aplicarse de una vez.
Luego de sucesivas medidas cautelares, la ley tuvo dos fallos de fondo: uno de un juez de primera instancia que respaldó la ley y luego otro de la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial federal que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Medios. Ese es el tema que en el fondo deberá resolver el máximo tribunal.
La gran duda que circula en los pasillos de los tribunales es si los jueces resolverán la cuestión antes de las elecciones del 27 de octubre o dejarán pasar los próximos comicios. La fecha es clave así sea resuelta la cuestión para uno u otro lado.