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En defensa del pluralismo

Por Torcuato Sozio*

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en debate si es admisible o no la educación religiosa obligatoria en las escuelas de gestión pública. Eso ocurre a raíz de una acción judicial iniciada hace ya casi ocho años contra el Estado provincial de Salta por un grupo de padres y madres afectados por ese modo de funcionamiento escolar.

La acción fue acompañada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), institución de la cual soy director ejecutivo y en representación de la cual escribo. No dedicaré ni una línea a los aspectos legales de la cuestión; sólo anticipo la enorme trascendencia que un fallo del superior tribunal de la Nación tendría en caso de receptar nuestro simple argumento de base: es contrario a nuestra Constitución y a los tratados internacionales a los que adscribimos un sistema educativo provincial que atenta contra la libertad de pensamiento, valor central de nuestra vida en sociedad.

Si algo ha logrado la democracia en la Argentina desde 1983 es una fuerte apuesta por la diversidad, por escuchar a todos sus ciudadanos sin prejuicios, por atender sus reclamos e inquietudes sin cortapisas. Fue un largo camino que nos llevó a legislar y a dictar jurisprudencia señera sobre el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, el reconocimiento y la protección de la identidad de género, el aborto no punible, sólo por nombrar algunos entre muchos otros avances consumados. ¿Y qué decir de las normas de nuestra Constitución que atienden con respeto las creencias y proyectos de vida de los pueblos originarios? Nada de eso, en mi opinión, se hubiera logrado con una enseñanza religiosa obligatoria y unidireccional, sea ésta católica o, como dije antes, de cualquier otro credo.

Nuestro país es modelo de tolerancia. Salvo descalificables excepciones, todos aceptamos el pensamiento y el modo de vida de cualquiera de nuestros semejantes. Las normas lo imponen, desde su vértice, la Constitución nacional y los tratados internacionales elevados a su nivel. Pero también las prácticas, desde 1983, acompañaron ese proceso. Aceptar una educación religiosa obligatoria sería un enorme paso atrás para nuestro sistema democrático.