La conmoción legislativa generada por la permanencia de Julio De Vido en la Cámara de Diputados tiene correlato en Comodoro Py, de ahí que el abogado Alfredo Lijo (hermano del juez federal Ariel Lijo) este más activo que nunca.

La semana pasada se abrió un expediente por presuntos sobreprecios en la construcción de la Usina Río Turbio, donde el exministro de Planificación había sido sobreseído en dos oportunidades por el juez Claudio Bonadio, y fue reabierto por la Cámara Federal, concretamente por la Sala II donde despacha Eduardo Farah, rival de Fredy.

Justamente, el yacimiento de Río Turbio había sido el comienzo de la embestida de la mano del fiscal cercano al macrismo Carlos Stornelli, quien había pedido el arresto y la indagatoria de De Vido. Aunque el juez no hizo lugar: el aparato mediático político ya estaba en marcha.

En paralelo se iniciará un nuevo tramo del juicio oral por la tragedia ferroviaria de la estación donde se discutirá la responsabilidad de De Vido. En este caso el abogado Lijo deberá operar con cuidado en cuál tribunal conviene que se dirima dicha cuestión. De Vido fue apuntado por Bonadio y embargado en millones de pesos, aunque lo había dejado afuera en la primera investigación.

El ex ministro además sobrevuela la trama Odebrecht, aun sin prueba alguna recolectada que apuntale una acusación formal.  En este caso el estudio de Lijo tiene mejor margen de maniobra por el nexo del juez con Balcarce 50.

De Vido registra 26 imputaciones totales (causas con impulso fiscal) de entre 80 y 100 denuncias presentadas en distintas etapas. En cinco expedientes se encuentra procesado: por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez; por «estrago culposo y administración fraudulenta» en el marco de Once; por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime; por la renegociación irregular de contratos ferroviarios, adjudicándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública; y -recientemente- por el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos, donde aún resta la indagatoria de 251 empresarios de autotransporte.

Esa causa también está en manos de Bonadio, el juez que más sintoniza con los intereses del macrismo de cara a la campaña electoral.