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En busca de la autonomía de la Defensa Pública

Por Alejandro Mosquera*

El 31 de marzo de 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló su “preocupación por el alto porcentaje de personas detenidas y procesadas que no cuenta con defensor de su elección y debe utilizar los servicios de la Defensoría Pública. Estos no cuentan con los medios necesarios para proporcionar en todos los casos una sentencia jurídica adecuada. (…) pese a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, la autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública respecto de la Procuraduría no está garantizada en todo el territorio nacional, lo que tendría un impacto negativo en la calidad de los servicios prestados por aquélla (art. 14 del Pacto)”.

En esa reunión del Comité la Comisión Provincial por la Memoria señaló esta falencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuya defensa pública está subordinada a la Procuración General. Este hecho produce una desigualdad de armas entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública, que redunda en un agravamiento de las condiciones en que se presta el servicio de justicia, en especial a los grupos sociales más vulnerables. Más del 90% de los detenidos recurren al servicio de los defensores públicos. El segmento social que puebla las hacinadas cárceles bonaerenses, sujeto de castigo principal del sistema penal, son jóvenes pobres. Para ellos no existe la racionalidad de la prisión preventiva, utilizada masivamente por los jueces. En cambio, todas las garantías procesales son aplicadas a las bandas organizadas del delito que trabajan con grandes estudios de abogados o con aquellos ligados a los nichos corruptos de la policía y el sistema judicial.                                                                                                                         

El otro componente de ese contexto es la violencia institucional. Si la aplicación de la ley no es igual para todos -debido a su carácter “hiperclasista”, si los fiscales no actúan frente a la violencia que sufren los detenidos y los defensores están ausentes debido a la desigualdad expresada, el exceso de tareas o por ser engranaje de un sistema injusto, nos encontramos frente a una profunda negación de justicia para el sector más pobre de la sociedad.                                                                                                               

Este cuadro nos llevó a plantear la necesidad de una reforma del sistema que comienza con tres puntos básicos: 1) la creación por ley de la Policía Judicial como agencia civil de investigación dependiente del Poder Judicial, 2) la autonomía de la defensa pública y 3) el Mecanismo de prevención de la tortura.                                                                                                                                   

El proyecto de Policía Judicial ya tiene media sanción del Senado Provincial y se debate actualmente en comisión de Diputados. Igual estado tiene el Mecanismo de prevención de la tortura. Por otro lado, existen varios proyectos para reformar la ley del Ministerio Público y dar autonomía a la defensa pública.                                                                                                                                                       

Cuando impulsamos estas reformas sabíamos que no comprenderían todas las transformaciones necesarias. Sin embargo, abren la posibilidad del cambio. Por otro lado, estábamos convencidos que habría resistencia tanto de aquellos que buscan sostener poderes arbitrarios, como de quienes utilizan las facultades de la policía bonaerense para recaudaciones ilegales, complicidad con el delito o venta de impunidades. A pesar de que Argentina vive un proceso donde estas resistencias no tomarán las formas brutales de otras épocas, se vertebrarán incluso aceptando el cambio pero tratando de debilitarlo. En el caso de la autonomía de la defensa convirtiéndola en espacios de independencia controlada, preservando fuera de ella la facultad de asignar presupuesto y la facultad disciplinaria.                               

La transformación requiere de la participación popular para no quedar presa de los cenáculos que siempre dictaron los rumbos judiciales y policiales. El Senado provincial trabajó en los foros para discutir la Policía Judicial, pero luego de las conclusiones, los sectores populares no fueron convocados. Estoy convencido que la acción participativa debe ser sostenida en el tiempo, incluso dotando de mayor apertura al arco político y social. Sin negar la importancia del debate en las comisiones y el derecho de los legisladores para producir modificaciones, afirmo que el rumbo del cambio solo se sostiene con participación de nuestro pueblo.

 *Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.


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