Por Aministía

Las organizaciones de mujeres y derechos humanos firmantes repudiamos la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA) a cargo del Secretario de Salud Gustavo Vigliocco. La demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad. 

La niña de 11 años fue víctima de un embarazo infantil forzado, como consecuencia de una violación. De acuerdo al marco jurídico actual, tenía el derecho de acceder un aborto legal. Tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo para proteger la salud y la vida de la niña. 

Desde que ingresó al Hospital del Este, en la Provincia de Tucumán, con 19 semanas de gestación, hasta el día de ayer, hubo un entramado de obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente impuestas con el único objetivo de evitar el acceso a su derecho humano. Autoridades nacionales y provinciales, ya sea por acción u omisión, expusieron a la niña a un contexto de tortura y malos tratos y pusieron en riesgo su vida y salud. 

Resulta inaceptable que el sistema de salud haya vulnerado su intimidad, difundiendo detalles sobre su historia clínica, su estado de salud y su decisión de acceder a una práctica médica lícita como lo es el aborto. La confidencialidad sanitaria impide a profesionales de la salud revelar datos que adquieren a propósito de la relación de salud / médico-paciente.

Nuestra legislación otorga a niñas, mujeres y personas gestantes el derecho a recibir una atención ágil e inmediata, sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales. Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos. El embarazo a edad temprana trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso y/o abandono escolar afectando negativamente sus trayectorias de vida, profundizando la desigualdad de género.

En lo que va del año tomaron estado público los casos de embarazos infantiles forzados en las provincias de Chaco, Jujuy, Tucumán y Misiones. La inacción sistemática de los Estados provinciales y la indiferencia del Estado Nacional da cuenta de una desaprensión respecto de los derechos de niñas y adolescentes que hace pensar en una intención soslayada de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres. 

Algunas de las organizaciones firmantes presentamos una acción judicial contra el entonces Ministerio de Salud de la Nación, hoy Secretaría de Estado para que arbitre las medidas necesarias para garantizar los Abortos Legales de acuerdo a la normativa vigente.

La falta de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho a la salud de niñas y adolescentes incumple los compromisos asumidos en el marco internacional de Derechos Humanos y desoye las observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que en el mayo 2018 urgió al Estado a asegurar que se garantice el acceso a servicios de aborto seguro y de atención post-aborto para niñas y adolescentes.

Repudiamos la violencia institucional ejercida contra la niña, instamos a que se sancione a los responsables de la divulgación de información confidencial y a quienes intervinieron en la obstaculización de la práctica; y exigimos se adopten todas las medidas institucionales necesarias a nivel provincial y nacional para evitar que se vuelva a incurrir en violaciones a los derechos de las niñas y se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo en los términos previstos por la ley.