Por Agustín Carrara*

Actualmente, la corrupción no puede ser vista como una simple ausencia de transparencia o una cuestión individual de ciertos funcionarios públicos faltos de ética. Es un fenómeno estructural, y se relaciona con el avance de actores privados –principalmente, grupos económicos– sobre el Estado, al cual ven como un mercado más donde hacer negocios y obtener ganancias. Es por esto que el decomiso debe ser una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción: si mediante estos “negocios” se buscan ganancias ilegítimas, robadas de las arcas públicas, entonces ese dinero y esos bienes deben ser recuperados por el Estado y devueltos a la sociedad.

Los países regulan de formas diferentes el decomiso de bienes en este tipo de delitos. A grandes rasgos, algunos Estados consideran al decomiso como una pena que únicamente puede imponerse con una condena en una causa penal, y otros lo entienden como una medida para reparar el daño causado y devolverle a la sociedad la propiedad del bien, siendo algo más propio del derecho civil y separado de la pena que pueda imponerse. Argentina tradicionalmente ha considerado al decomiso como una pena, aunque ahora comienza a legislar el “decomiso civil” para ciertos casos: lavado de dinero y delitos financieros.

En nuestro país, el único decomiso de bienes en hechos de corrupción se dio con el remate del petit hotel de María Julia Alsogaray, aunque la Corte Suprema aún no ha decidido el destino de ese dinero. Para reparar el daño generado y así poder combatir eficientemente la corrupción, es necesario no solo que se recupere el dinero sino que además se destine a un fin social; por eso es que el Cipce aún litiga para lograr que los más de 3 millones de pesos decomisados a Alsogaray sean destinados al Hospital Garrahan.

En 2008, la multinacional Siemens pagó 1.600 millones de dólares como sanción por sobornar funcionarios en varios países (entre ellos, Argentina). En nuestro país, Skanska fue embargada por 17 millones de pesos, y un año después ganó en EE.UU. un contrato por más de 400 millones de dólares. Esto no hace más que demostrar que las empresas y los grupos económicos ven al Estado como un mercado más, y consideran a la corrupción como uno de los tantos costos que asumen en sus negocios y que a fin de cuentas les resulta redituable. Recuperar ese dinero es la única forma de luchar contra este fenómeno.

*CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica)

Coordinador del Área de Control y Persecución