Por Horacio Reyser*

Para terminar con el problema de la drogadependencia debemos terminar primero con la sociedad del «todo bien», la de la evasión, la de la búsqueda permanente de un bienestar inmediato que pareciera justificarlo todo. La sociedad, es decir, cada uno de nosotros, también tiene responsabilidad en los cambios culturales que se necesitan.

En diciembre de 2013 los presidentes de los partidos políticos firmaron un documento promovido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina que establece «lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y el narcotráfico». En el documento se reconoce que el creciente consumo de drogas ilícitas y las redes criminales que controlan su tráfico hacen necesario un urgente acuerdo entre las distintas fuerzas para consensuar políticas que permitan enfrentar esta verdadera emergencia social. Ahora, en pleno proceso electoral, es fundamental que las propuestas de cada espacio político se expresen claramente sobre el tema y expongan sus programas de acción.

Una cosa es segura: la batalla contra la drogadependencia no se ganará por reacción ante hechos circunstanciales, por más dramáticos y penosos que sean. Las comunidades, en los distintos contextos sociales y geográficos, están cada día más impactadas por episodios de extrema violencia y crueldad protagonizados por personas, muchas veces jóvenes y hasta niños, vinculados al tráfico y consumo de drogas.

Aun en este contexto, causa estupor la creciente tolerancia social y la consecuente disminución en la percepción del riesgo vinculado con el consumo de drogas, que ha ganado espacio en los más diversos ámbitos en la sociedad.

La aprobación en diciembre de 2009 de la ley 26.586 que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas pareciera mostrar un claro reconocimiento del problema y la necesidad de abordarlo en un espacio de vital importancia como lo es el ámbito educativo.

Sin embargo su implementación integral aún no se ha hecho efectiva. Sólo se han producido algunos esfuerzos acotados.

Con alguna frecuencia se plantean teorías que centran la cuestión de la drogadicción en un problema económico. Y es verdad que la droga mueve enormes cantidades de dinero en todo el mundo y que muchos delitos del crimen organizado están asociados, pero nunca debemos olvidar que en el centro del problema no está la droga sino la persona que se droga.

Los drogadependientes provocan rechazo. Es como si fueran ellos los únicos responsables de su situación, como si la sociedad a la que todos pertenecemos no tuviera nada que ver con el estado de cosas que lleva hoy a tantos jóvenes y adultos a buscar en la droga un refugio para el doloroso descontento en que viven, producto de fuertes frustraciones y desconfianza en estructuras sociales que los marginan.

La persona que recurre a la droga padece un malestar profundo que lo inclina a buscar un rápido bienestar a través de placeres sensuales y transitorios como fin último de su existencia, escapando de una situación personal que lo agobia y que no se siente en condiciones de enfrentar.

«La droga no es como un rayo que cae en una noche luminosa y estrellada, es como un rayo que cae en una noche tormentosa», se expresaba en el Congreso Solidarios por la Vida realizado en el Vaticano en 1997.

Porque el drama de la drogadependencia es hoy un fenómeno que afecta a todos los ambientes y regiones del mundo. Los jóvenes son tal vez los más afectados por este estado de cosas. Se les presenta ante sus ojos un mundo donde pareciera que el sentido de «ser» más, diera paso a la concepción de «tener» más. Dónde no se les enseña a comprender que el sacrificio y aún el sufrimiento tienen un sentido profundo que los ayudará a superar los conflictos que la vida les planteará.

Se dice que no hay que criminalizar al adicto y no cabe duda de que así debe ser. Al adicto hay que escucharlo, acogerlo para acompañarlo en un camino que le permita tener una vida digna, vivida en libertad y en plenitud. Pero el camino de la criminalización del adicto empieza mucho antes, cuando la contención es insuficiente en los espacios comunitarios o en el ámbito de la educación formal y no formal. Cuando son escasas las oportunidades de inclusión social y no se ofrecen propuestas que den un verdadero sentido de la vida a los jóvenes. Cuando se les dificulta en lo cotidiano el acceso a la salud y a la justicia. O cuando los medios de comunicación nos imponen una mirada estigmatizante de los jóvenes: pobres, adictos, delincuentes y peligrosos. Todo esto es parte del camino de la criminalización del adicto.

Cuando se habla de la despenalización de la droga, debemos tener en cuenta que una decisión de esa naturaleza requiere crear previamente instrumentos y espacios adecuados para dar contención y asistencia, al mismo tiempo que educar y prevenir para que aquellos que aún no entraron en contacto con las drogas o estén en un camino de iniciación no terminen pensando que son inocuas.

Quienes viven al margen de la sociedad muchas veces encuentran caminos alternativos para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello nos conmueve y vemos con dolor que muchos jóvenes son empujados a la marginalidad, al sálvese quien pueda y cómo pueda, a la ruptura de los vínculos con su familia, a la violencia, al delito, a la droga. ¿Cómo podemos resolver este grave problema de nuestro tiempo? Estando cerca, abrazando, acompañando, poniendo el hombro, saliendo a buscar, a consolar, restituyendo derechos?

Sabemos que no hay recetas mágicas. Pero estamos convencidos de que trabajando juntos, no cargándonos de culpas ni de impotencia, sino poniendo nuestro esfuerzo en acciones concretas basadas en propuestas superadoras de esta realidad que nos aflige e interpela, podremos avanzar significativamente en la reducción de los daños que provoca la droga.

En este contexto se percibe una ausencia histórica y estructural del Estado frente a esta situación y no se trata de ningún gobierno en particular, sino de un problema que como sociedad no terminamos de asumir.

El autor es vicerrector de Investigación y Extensión Universitaria de la Universidad de San Isidro y miembro del Observatorio de Prevención del Narcotráfico de Universidades Privadas.

Fuente: La Nación.