La ministra y el Presidente avanzan pese a todo.

El presidente Alberto Fernández presentará mañana el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para asesorar al Poder Ejecutivo.

Es la puesta en marcha de uno de los anuncios que el Presidente realizó el 1° de marzo último, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

La licuación del poder de los 12 jueces federales que tienen sus despachos en Comodoro Py es uno de los objetivos de la iniciativa.

No se trata de una idea nueva: ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, trabajó en una idea similar.

Béliz volvió a tener ahora un papel clave en el diseño del nuevo esquema que busca además agilizar el funcionamiento del sistema penal.

Los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados mañana, a las 16, en la Casa Rosada por  Alberto Fernández, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Postergación del anuncio

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado pero el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por el mismo Fernández y Losardo, junto a Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para mañana.

Fernández explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido.

Sus integrantes son Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

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Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico.

Además se prevé duplicar su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Equilibrio

Uno de los asesores elegidos, el constitucionalista Gil Domínguez, destacó que el cuerpo es «de una integración que sostiene la paridad de género, el federalismo y el equilibrio entre las especialidades».

Señaló que tuvo una charla con el Presidente, en la que Fernández le «garantizó» que el funcionamiento de esa comisión «va a estar centrado en el debate y la deliberación, y en el pluralismo, con el juego de mayorías y minorías».

La iniciativa del Gobierno cuenta con un amplio consenso en la sociedad, según una encuesta de la consultora «Analogías», que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77 por ciento de los encuestados la considera «necesaria».

Fernández señalará la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular,  integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

Sistema acusatorio

También señalará el Presidente como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales.

El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, invitó a la presentación a los legisladores de la oposición pero fuentes del interbloque de «Juntos por el Cambio» anticiparon que es probable que rechacen la invitación.

El rechazo sería por el desacuerdo entre sus filas a una hipotética ampliación de la Corte Suprema de Justicia, una de las cuestiones que también se analizó.