Por Rafael Saralegui

El presidente de la Sociedad Rural Argentina y recién designado ministro de Agricultura de la alianza Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, tiene al menos tres causas penales en trámite, dos en la justicia federal y otra en el fuero penal ordinario de la provincia de Entre Ríos, en expedientes que se iniciaron por denuncias de su hermana, Dolores, quien sostiene haber sido víctima del vaciamiento de las empresas de la familia, dijeron fuentes judiciales que conocen la compleja trama. Todo es consecuencia de una guerra familiar de vieja data.

La causa que se encuentra más avanzada se inició en 2011 y está actualmente a cargo del juez Pablo Zoff, a cargo del Juzgado de Transición N°2 de Paraná. A comienzos de año, el fiscal general de Coordinación de Paraná, Alejandro Cánepa, pidió la indagatoria de Etchevehere, y de sus hermanos,  Arturo Sebastián y Juan Diego, y de su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, por el delito de administración fraudulenta.

En su requerimiento de indagatoria, que aún no se concretó por un planteo de la defensa de los Etchevehere, el fiscal sostiene que el grupo pidió dos créditos, que fueron otorgados el 29 de julio y el 12 de agosto de 2011 al Banco Itaú, para financiar operaciones de exportación de la empresa agropecuaria Las Margaritas S.A. que explota 5.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos.

El préstamo era por un total de 1.066.000 pesos, pero según consta en el expediente, el dinero no fue usado para financiar operaciones de comercio exterior, como se había pedido originalmente, sino que fue repartido en las cuentas de los cuatro imputados, de acuerdo con los asientos contables de la empresa y que fueron incorporados en la causa. Es decir, se le dio un fin distinto para que el había sido otorgado. “De esta forma administraron fraudulentamente en su beneficio dichos créditos generando un perjuicio a la sociedad Las Margaritas y a su socia Dolores Etchevehere”, sostuvo el fiscal.

En el mismo pedido de indagatoria, el fiscal le requirió al juez varias medidas de prueba. Por ejemplo, pidió copias de la causa de la sucesión de Luis Félix Etchevehere, el padre del presidente de la Sociedad Rural, que se tramita en el juzgado civil y comercial N°7 de Paraná, donde Dolores planteó las supuestas irregularidades que se fueron cometiendo. También envió pedidos de informes a los registros de propiedad automotor e inmueble y al Banco Central, y el levantamiento del secreto fiscal para acceder a las declaraciones juradas ante la AFIP de todos los imputados en el período 2010-2016.

Ese pedido fue el que más inquietó a los acusados, ya que la defensa objetó ese requerimiento y presentó un escrito de impugnación de la prueba. El planteo está actualmente ante la Cámara de Apelaciones y hasta que el expediente no vuelva a manos del juez Zoff no se podrán concretar las indagatorias requeridas por Cánepa.

“En las declaraciones juradas debería figurar si declararon los créditos, que trámites les dieron, si los pagaron, etc.”, explicó una fuente del caso. De todos modos, la información de la AFIP fue enviada en el transcurso de este año al juez Zoff, quien la tiene guardad en su caja fuerte. El día anterior a que el presidente Macri anunciara que Etchevehere era su nuevo ministro de Agricultura dos funcionarios de la AFIP se presentaron en el juzgado y quisieron llevarse las carpetas, dijo una fuente del caso. Pero el juez no se los permitió y sólo les dejó ver los carpetas en el mismo juzgado.

Otra de las causas contra el nuevo ministro, sus hermanos y su mamá, se tramita en el juzgado federal de Paraná, a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión impositiva. También se inició por una denuncia de Dolores contra el resto de la familia. En esa denuncia no sólo se investigó el desvío del crédito tomado en el Banco Itaú, sino que también se puso la lupa sobre la constitución de diversas sociedades para llevar adelante un complejo pase de inmuebles y dinero con el supuesto objetivo de dejar afuera a Dolores Etchevehere del patrimonio familiar. La familia del presidente de la Rural no sólo se dedica al negocio inmobiliario, sino que además fue la histórica propietaria de El Diario, de Paraná, hasta que la mayor parte del paquete fue vendida a un empresario entrerriano, Walter Grenón.

“Surgen varias inconsistencias que permiten sostener que el grupo investigado habría simulado la celebración de una serie de préstamos a favor de la firma Construcciones del Paraná S.A. con el único propósito de vaciar económica y patrimonialmente a la empresa S.A. Entre Ríos, lo que ocasionó un grave perjuicio económico a una de sus socias, la denunciante Dolores Etchevehere”, sostuvo la Procelac en su denuncia.

La Fiscalía especializada en la investigación de delitos económicos analizó varios préstamos que le habría realizado la Asociación Mutual Unión Solidaria que supuestamente controla Grenón por un monto de 4,5 millones de pesos a otras empresas del Grupo Etchevehere.

“Las constancias agregadas a las actuaciones sugieren, antes bien, que dichos préstamos fueron parte una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados. En el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar fondos que en verdad ya pertenecían al patrimonio de la empresa S.A. Entre Ríos”, dice la denuncia de la Procelac.

A fines del año pasado, el abogado  Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció a Etchevehere y al entonces titular del Banco Nación, Carlos Melconián,  por «negociaciones incompatibles y administración fraudulenta» por haber otorgado un subsidio de 900 mil pesos a la empresa Las Margaritas SA, como parte del programa de Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios destinado a «agricultores familiares y en situación de vulnerabilidad». Según el denunciante, la ley que creó el sistema de prevención es aplicable para contemplar la ayuda económica con «el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores familiares». Sin embargo, remarcó que «este no parece ser el caso de la familia Etchevehere, a la que se la ha llegado a llamar ‘Dinastía Etchevehere’ en su Entre Ríos natal, por la riqueza que ha logrado acumular través de los años». La denuncia fue impulsada por el fiscal Jorge Di Lello, pero fue cerrada por el juez Sergio Torres, medida luego confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, semanas atrás las Cámara de Casación Penal ordenó volver a abrir el expediente.

Tras la decisión de Torres, Etchevehere dijo que “la empresa Las Margaritas SA presentó la documentación oficial correspondiente a la emergencia climática decretada por el gobierno de Entre Ríos y homologada por el gobierno nacional, ofreció garantía hipotecaria sobre los 900.000 pesos solicitados y a pesar de no haber recibido el monto solicitado en ningún momento, los integrantes de la firma recibieron una denuncia penal de la que fueron sobreseídos”. Sin embargo, la sospecha es que es dinero se podría haber usado para pagar el citado crédito del Itaú, que terminó en las cuentas del presidente de la Rural y sus familiares.