El ministro de Defensa Agustín Rossi informó que fueron encontradas en la sede de su cartera actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura y además listas de periodistas y artistas que estaban prohibidos por el gobierno de facto y clasificados según distintos niveles de «peligrosidad». Rossi dijo que el material encontrado será puesto a disposición de la Justicia por si puede ser de utilidada para las causas que están en marcha.

Rossi dijo que en las actas secuestradas había informes referidos a Papel Prensa.

Durante una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, Rossi aseguró que se encontraron «seis carpetas con los originales de las actas de la Junta Militar. Están todas las actas secretas desde el 24 de marzo al 10 de diciembre de 1983», al anunciar sobre los hallazgos en el Edificio Cóndor.

El funcionario nacional detalló que se trata de 280 actas originales, que estaban dentro de los 1500 biblioratos que se encontraron gracias a la información suministrada por los propios militares en actividad.

Al referirse a las «listas negras» Rossi explicó que señalaban como «peligrosos» a 331 artistas y periodistas, entre los que mencionó a «Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Julio Cortázar, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa y María Elena Walsh», entre otros exponentes de nuestra cultura.

Rossi, al hablar en la sede de Defensa donde encabeza el acto en el que da a conocer documentación hallada recientemente relacionada a la dictadura cívico militar, contó que las listas contenían la denominación de «fórmula 1 a fórmula 4, según la complejidad» o grado de «peligrosidad» de artistas y perdiodistas.

El hallazgo se produjo el viernes pasado en el edificio Cóndor y desde entonces hasta hoy fue clasificado por un equipo de 12 personas y resguardado en otra locación.

«Por lo que nosotros conocemos, una documentación integrada desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 es la primera vez a la que tenemos acceso, con toda la ventaja de que está ordenada, hasta con un índice temático», dijo.

De acuerdo a ese análisis que llevó adelante el equipo, la Junta Militar tenía «un plan de gobierno de dos partes: una que llegaba hasta el 90 y otra hasta el 2000», indicó el ministro.

La existencia de las actas secretas de la dictadura había sido negada en los últimos años del régimen , y el último presidente de facto, el ex general Reynaldo Bignone, dio la orden de destrucción de las mismas antes de entregar el mando al gobierno de Raúl Alfonsín.

El ministro añadió que hay «13 actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo de Papel Prensa», que están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977 y que, según la consideración del ministro, «para la Junta la detención de la familia Graiver estaba directamente relacionada a la venta de Papel Prensa».

«La justicia decidirá si esta documentación que hemos encontrado tiene además de valor histórico, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando en los distintos estrados judiciales de la Argentina», expresó Rossi.

Y remarcó: «La causa de Papel Prensa es una causa que está abierta, que tiene la documentación del informe que presentó el fiscal Ricardo Molina en su momento, que tiene toda la documentación del trabajo que realizó el Estado nacional en el informe `Papel Prensa, la Verdad`».

«Nosotros creemos claramente que los elementos encontrados aquí ayudan a consolidar esta idea, que nosotros presumimos pero que será la Justicia la que determine, que las dos cosas estuvieron relacionadas, la venta de Papel Prensa con la detención de la familia Graiver y allegados», insistió el ministro de Defensa.

Por otra parte, el funcionario nacional resaltó que «en los documentos se ve el Plan de Acción del jefe de Planificación, general Díaz Bessone, donde da cuenta de los planes de Gobierno de la Junta que constaban de dos partes: la fundacional, que llegaba hasta los `90, y la segunda, o nueva república, en la que pensaban llegar hasta el 2000».

Entre esa documentación, había una carta de la Asociación de Bancos con «un aporte al plan de gobierno», fechada «durante la dictadura militar», en tanto que se ve que en la mayoría de las discusiones de la Junta Militar el «problema» de los desaparecidos es abordado en «torno a qué decir a la opinión pública».