Por Javier Sinay.

El juicio por el caso de Marita Verón llega a su etapa definitoria después de nueve meses tensos y complicados. En la segunda jornada de alegatos, los fiscales Manuel López Rougés y Carlos Sale pidieron 25 años de prisión para la mayoría de los acusados de la desaparición de la joven, ocurrida en 2002, cerca de su domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El pedido de condena del fiscal fue el siguiente:

Víctor Rivero: 25 años de prisión, considerado autor material de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso real con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de María de los Ángeles Verón.

María Jesús Rivero: 25 años de prisión, considerada autora intelectual de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso ideal con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de María de los Ángeles Verón.

Andrés González, Lidia Medina, Jesús González, José Gómez y Daniela Milhein: 25 años de prisión, considerados partícipes necesarios de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso ideal con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de María de los Ángeles Verón.

Cintia Gaitán, Carlos Luna, María Azucena Márquez, Domingo Pascual Andrada, Mariana Bustos y Humberto DeRoberti: 12 años y seis meses de prisión, considerados partícipes secundarios de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso ideal con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de María de los Ángeles Verón.

Luego de la alegación de los fiscales, el tribunal dispuso que se pase a un cuarto intermedio. Por la tarde será el turno del abogado  Sergio Morfil (representante de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero –acusados de haber realizado el secuestro-), el defensor oficial Hernán Molina (abogado de Daniela Milhein –señalada como la persona que captaba jóvenes para enviar a los prostíbulos de Río Gallegos o de La Rioja, y dueña de una de las supuestas casas donde Marita permaneció cautiva-; de Alejandro González –quien también la habría tenido cautiva en su casa-; y de Humberto de Robertis, supuesto colaborador de los anteriores). El miércoles 31 tomará la palabra la defensora oficial Marta Toledo (representante de Pascual Andrada, otro de los supuestos miembros de la banda), el abogado Roberto Flores (por el supuesto ayudante Gonzalo Gómez) y el letrado Luis Acosta (representante de Carlos Luna, señalado como partícipe necesario para el secuestro). El jueves 1º será el turno de los abogados Jorge Cáceres (de José Fernando “Chenga” Gómez) y de Carlos Posse (representante de la madre de “Chenga”, Lidia Irma Medina, y acusada, como aquel, de haber esclavizado a Marita en tres prostíbulos de La Rioja). Y el lunes 5 hablarán Carlos Posse y Juan Carlos López Casacci (de Mariana Bustos) y Sergo Pérez (defensor de Azucena Márquez).

Marita Verón fue secuestrada cuando tenía 23 años, el 3 de abril de 2002. Según la teoría de los fiscales logró escaparse, pero dos o tres días más tarde fue tomada cautiva por segunda vez, con complicidad policial. A pesar de que su destino sigue sin conocerse –pues el pacto de silencio entre los acusados parece ser impenetrable-, lo que emergió en este juicio es la ingeniería de la red de trata y de explotación sexual más poderosa del noroeste argentino, que funcionó entre mediados de la década del noventa y el año 2004 bajo un vergonzoso amparo policial y judicial.

Susana Trimarco impulsó la ley contra la trata de mujeres.

Sin embargo, en lo que va del juicio ha quedado claro que la investigación resultó plena de fallas, lo que, sumado al encubrimiento, a la protección política y a la corrupción policial (el abogado de la querella, Carlos Varela Álvarez, apuntó que el jefe de la brigada policial de la zona, Héctor Brito, le pidió 1.500 pesos al padre de Marita Verón para comenzar a investigar), atenta directamente contra las pruebas útiles para condenar a los acusados. Como sea, las penas no se enmarcan en la ley de trata –sancionada después de la comisión del delito que aquí se juzga, en buena parte gracias a la lucha de la madre de Marita Verón, Susana Trimarco- y van en un rango de 5 a 15 años de prisión.

Por otro lado, el 6 de noviembre será el día en que los trece acusados podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras; y el día 12 se conocerá, finalmente y si todo sigue los cauces planeados, la esperadísima sentencia.