Reynoso fue acusados por dos fiscales federales.

Por Rafael Saralegui

El juez federal de Orán Raúl Reynoso, acusado de liderar una asociación ilícita que favorecía a narcotraficantes mediante el cobro de coimas, se convirtió según la acusación de los fiscales en una suerte de señor feudal en la región limítrofe con Bolivia, capaz de decidir sobre los bienes y la libertad de las personas. Y con su actuación habría favorecido la actividad de acusados de contrabando de dos toneladas de cocaína.

Reynoso es el titular del juzgado federal de Orán desde su creación, desde hace once años, y con el tiempo se convirtió para algunos en una especie de adalid de lucha contra el narcotráfico, pese a que según los fiscales con su actuación no hizo más que favorecer las actividades de las narcos.

La investigación del fiscal federal Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, sostuvo que Reynoso lideraba una asociación ilícita que actuaba con abogados de esa localidad, quien supuestamente cobraban coimas para liberar a los acusados.

“El accionar de esta ilícita estructura consistía en que los abogados se presentaban ante familiares de personas detenidas en el marco de un proceso que tramitaba ante el juzgado federal que conduce el juez Reynoso, asegurando contar con el aval del juez para que en los procesos donde intervenía el magistrado les otorgara la libertad a sus defendidos o resolviera los planteos de la defensa conforme a sus intereses”, dice la acusación.

Pero la libertad no era gratis o consecuencia de que no hubiera pruebas suficientes contra los imputados. Los fiscales sostienen que los abogados “obtenían de los familiares de los imputados privados de la libertad la designación como letrados defensores revocando cualquier otra anterior actuación profesional, a la vez que les requerían altas sumas de dinero (que correspondía a los honorarios profesionales y otro tanto destinado a pagarle al magistrado), o la entrega de diversos bienes para tramitar libertades y/o la devolución de efectos, tales como dinero, automotores u otros bienes similares”.

Los fiscales recuerdan que Reynosos es el único juez federal de la región de Orán, que limita con Bolivia y que con esa condición “goza de un dominio absoluto del territorio en su rol de magistrado federal, en turno permanente, posicionándolo en una particular situación de poder jerarquizada, que evidentemente fue y es utilizada en beneficio personal, administrando arbitrariamente justicia”.

Esta forma abritaria y caprichosa de actuar del magistrado provoca miedo en ex empleados y abogados de la zona. En la causa consta el testimonio de una persona que dijo temer “por las actitudes temerarias del Sr. Juez Reynoso por su integridad física y su libertad ambulatoria…al Juez no le tembló el pulso cuando tuvo que echar o sumariar a algún empleado ni mucho menos privar de su libertad a quien se ponía en su contra, caso concreto el marido de XXXX”.

Otro testigo declaró que si el juez “toma conocimiento de su declaración es capaz de hacerlo cargar con drogas para meterlo nuevamente preso e inclusive tanto DA como TF son capaces de contratar sicarios para matarlo.”

Los fiscales, que analizaron la conducta de Reynoso en once causas, sostuvieron que el magistrado benefició con sus resoluciones a personas que estaban siendo investigadas por su intervención en el tráfico internacional ilícito de más de 2 toneladas de cocaína, que una vez ubicadas en Europa podrían haber generado una ganancia para la banda de 70 millones de dólares.

Además de Reynoso, en la causa hay cinco abogados acusados y detenidos, además de un empleado del mismo juzgado, quien se encargaba de intervenir en todas las causas en las que había narcos involucrados y que recuperaban su libertad tras el pago de dinero en efectivo (dólares o pesos), camionetas o hasta propiedades.