Por Rafael Saralegui
La decisión del histórico titular del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, de aceptar ser el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri en las elecciones de octubre y abandonar ese espacio, tiene consecuencias directas en el Consejo de la Magistratura, donde encabeza la Comisión de Disciplina, un puesto clave ya que es justamente la que se encarga de evaluar las conductas de los magistrados.
Y el expediente más importante que tiene en carpeta la comisión es el que corresponde al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa que más preocupa al Gobierno: la de una organización dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de causas en trámite mediante testimonios guionados, como fue el caso del mediático financista Leonardo Fariña.
La causa genera inquietud en el gobierno porque el principal acusado, Marcelo D´Alessio, tuvo contactos con la ministra Patricia Bullrich, porque el fiscal Carlos Stornelli fue citado cinco veces a prestar declaración indagatoria y porque las diputadas Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto se encuentran entre las imputadas. Stornelli, principal promotor de laa causas contra Cristina Fernández, aún no fue procesado porque hasta ahora eludió presentarse a declarar.
La cuestión no podría ser más obvia: fue el propio presidente Macri quien ordenó que Ramos Padilla fuera denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Lo hizo a través del representante del Poder Ejecutivo en el organismo: Juan Bautista Mahíques, quien aceptó la orden sin chistar. El mal desempeño que le adjudican al juez fue haberse presentado en el Congreso para dar a conocer los alcances de la causa que lleva adelante.
El cargo que ocupa Pichetto en el Consejo es en representación del Justicialismo. Sin embargo, pese al salto con garrocha que dio al oficialismo, el candidato a vicepresidente dijo que no piensa dejar el cargo. Y planteó que quienes no estaban de acuerdo debían recurrir a la Justicia.
La defensa de Ramos Padilla la ejerce su propio padre, Juan Martín Ramos Padilla, quien además es juez en la Cámara del Crimen. Su defensor, entonces, presentó hoy un escrito en el Consejo para recusar a Pichetto y a Mahíques, los dos representantes del Poder Ejecutivo en el organismo.
“Recientemente, el senador Pichetto anunció que dejará de presidir el bloque mayoritario de Senadores de la oposición que lideró durante muchos años y que habrá de formar parte de la fórmula presidencial que propone el oficialismo. Se estima que la presentación de la fórmula se concretará el 22 de junio próximo, pero de hecho el Senador ya participa de las reuniones de Gabinete y de las decisiones de campaña junto con el Sr. Presidente de la Nación y su equipo. Está claro que “el traspaso” afecta el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular que determina la ley 26.080, pero en el caso de la persecución a mi defendido se vuelve especialmente grave, pues las actuaciones ante este Consejo fueron iniciadas a instancias del propio presidente de la Nación, su actual compañero de fórmula”, dice el escrito.
Al fundamentar la recusación de Mahíques, Ramos Padilla padre recordó que “es el representante del titular del Poder Ejecutivo Nacional, Ing. Mauricio Macri, que anunció públicamente que se debía destituir al juez federal Alejo Ramos Padilla. Está claro que nadie puede ser juez y parte, y que el Poder Ejecutivo ha iniciado, impulsado y demostrado un interés concreto en la destitución del juez federal de Dolores (“No es la primera vez, [de] Ramos Padilla. Ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo”). Por ello, sería contrario a elementales normas del derecho que intervenga en las decisiones de este proceso el propio denunciante o quien lo representa en este Consejo; y ello más allá de que se trate de un órgano colegiado que por ley lo integra también un representante del Poder Ejecutivo”.