Para el Gobierno la quiebra es fraudulenta.

La AFIP denunció a la imprenta de capitales estadounidenses Donnelley por infracción a la ley de Antiterrorismo y ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba. La causa es la 7871 y por sorteo quedó asignada a Rafecas, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado está de licencia hasta la próxima semana y es subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría. La AFIP denunció a la empresa por «infracción artículo 309 inciso 1 según ley 26.733» (Antiterrorismo).

El juzgado deberá ahora dar vista a la Fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que dé impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.

El artículo mencionado dispone que será condenado a prisión de uno a cuatro años quien «realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio».

La presentación de la denuncia fue anunciada anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La mandataria sostuvo que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta buscó «crear el temor» en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en la empresa gráfica.

Cristina diferenció la situación de Donnelley de la empresa Lear, que, indicó, se encuentra en el marco de un conflicto sindical.

Remarcó al respecto que la gráfica buscó «crear temor en la población» respecto a la pérdida de fuentes de trabajo y que la quiebra presentada «es fraudulenta» lo que motiva la aplicación de la denuncia penal.

Durante su discurso en la Casa Rosada, la jefa de Estado se refirió a la Ley Antiterrorista y a las críticas que recibió, y afirmó que «este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos».