Nieto está cada vez más complicado.

La situación de Darío Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri, se complica cada vez más. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó hoy un pedido de exención de prisión en la causa por presunto espionaje ilegal y ahora la Cámara Federal de La Plata resolverá si le permite seguir en libertad.

La decisión del magistrado se conoció en la jornada de inicio de la ronda de declaraciones indagatorias de los detenidos ayer en el caso, entre ellos Susana Martinengo, la ex jefa de Documentación Presidencial  en la Casa Rosada cuando Macri era presidente.

Villena rechazó conceder la exención de prisión a Nieto por entender que tuvo «actitud evasiva» en un allanamiento ordenado días atrás a su vivienda, durante el cual habría comenzado a manipular su teléfono celular para enviar mensajes o generar «el borrado» o el «alerta de las circunstancias del procedimiento a distintas personas», sostuvo en su resolución.

Esta actitud, según el juez, «podría haber frustrado la medida dispuesta, escenario que permite concluir que mediante su actitud obstruyó el accionar de la justicia», de acuerdo al texto al que accedió Télam.

Apelación

La negativa de Villena fue apelada ante la Cámara Federal de La Plata por la defensa del ex funcionario, quien sostuvo que hubo una «absoluta tergiversación de lo ocurrido» en el allanamiento y que Nieto fue sorprendido en el estacionamiento antes de entrar a su domicilio por un policía de civil que lo abordó «intempesativamente» y «sin exhibirle orden alguna» le ordenó salir de su vehículo, en una situación que le causó «temor» y por ello envió mensajes a sus allegados.

La defensa sostuvo que lo que «sí está probado ya en la causa es la concreta predisposición de mi asistido de estar a derecho y de colaborar en lo que esté a su alcance con la investigación».

Lo cierto es que cuando la policía fue a allanar el domicilio de Nieto en el barrio de Palermo el joven se encerró en el coche con su teléfono celular, se supone que para avisar lo que estaba ocurriendo, porque lo más probables es que el contenido que lo pudiera comprometer ya lo habría eliminado.

Para resolver, el juez Villena se basó en la opinión de la fiscal Cecilia Incardona, quien advirtió que Nieto «sería uno de los que habría recibido los resultados de las tareas de inteligencia ilegal que desplegaban los agentes de campo». 

Cadena de mando

Según se ha reconstruido en el expediente Martinengo era quien recibía los informes de manos de los agentes detenidos y luego se los entregaba a Nieto, la sombra de Macri, quien a su vez se los pasaba al ex presidente.

Con esta cadena de mando estructurada, es evidente que cada día se hace más complicada la situación de Macri en el expediente, quien hasta ahora se mantuvo en silencio y sólo deslizó trascendidos en medios amigos.

El juez Villena ordenó ayer detener a 22 personas, de las cuales 5 permanecían sin ser ubicadas, y hoy comenzará la ronda de declaraciones indagatorias en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Durante la jornada de hoy declaran María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

Para mañana, también desde las 9.30, serán trasladados desde sus lugares de detención Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), el ex jefe de Congtraingteligtenia de la AFI Diego Dalmau Pereyrahy Jorge Horacio «Turco» Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.

La última tanda

Y para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria de Alan Ruiz, quien había sido ya detenido en otra causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sustancia el juez de Lomas Juan Pablo Augé.

Villena pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que releve de la obligación de guardar secreto a los ex agentes detenidos.

Además, ordenó a la Policía Federal, a cargo de la custodia de los detenidos, respetar los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus durante los traslados.