El Gobierno ya busca acelerar el trámite para lograr que la investigación judicial de la llamada trama Ciccone, que investiga al vicepresidente Amado Boudou,  sea archivada, en lo posible, antes de las elecciones legislativas de octubre.

“No basta con enviar el expediente al freezer, ahora hay que archivarlo”, fue la orden directa desde Balcarce 50 que la semana pasada escuchó el abogado del vice, Diego Pirotta. Este último ya explora los caminos procesales junto a Germán Soria, defensor del abogado Alejandro Vandenbroele, quien desde la firma The Old Found había adquirido la empresa calcográfica.

Para pedir el archivo de una causa esencialmente es necesario demostrar que todas las vías de investigación respecto de un imputado ya han quedado agotadas. Este es el primer obstáculo que encuentran los abogados defensores ya que el juez federal a cargo del expediente, Ariel Lijo, ha ordenado una batería de medidas y diligencias cuya concreción podría extenderse hasta diciembre, cuando ya el fervor electoral se haya reducido y exista un tablero político más claro.

Boudou cambio de abogado en el medio de la causa.

Y es que el timming político es una de las claves en los despachos de Comodoro Py y más aún si se trata de Lijo, un experto en cultivar buenas relaciones incluso con figuras hoy en día antagónicas como el gobernador Daniel Scioli o el ministro Julio De Vido. Justamente es este juez quien debería tratar el pedido de Pirotta.

Lo cierto es que ni Lijo ni el fiscal Jorge Di Lello creen que la esta historia haya llegado a su final. Ambos comparten un esquema similar: cuando Vandenbroele desembarcó en Ciccone la empresa recibió una serie de beneficios por parte del Ministerio de Economía, la AFIP, Casa de la Moneda y el Banco Central. En el primer caso el responsable era Boudou y en los otros personas de su extrema confianza ubicadas en esas estructuras. Un hecho clave si se considera que se investiga un supuesto tráfico de influencias.

En el caso de Di Lello hay otro hecho que lo obsesiona: el pago que recibió The Old Found por parte de la provincia de Formosa (gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán) para renegociar una deuda de esa provincia con el Ministerio de Economía que en ese entonces dirigía Boudou. “¿Qué experiencia tenía The Old Foun para este trabajo?, ninguna”, suele comentar el fiscal en su despacho del quinto piso de los tribunales de Retiro.

El trabajo de Pirotta (que integra el estudio del ex número dos de la SIDE Dario Richarte) no es sencillo.  Reemplazó en la defensa del vice a Eduardo Durañona, hombre de extrema confianza para Boudou. Durañona se vio forzado a apartarse ya que diversas personas del ámbito de los Tribunales le expresaron, siempre en forma elíptica, que no estaba a la altura de las circunstancias.

La puja de abogados que quedó expuesta cuando Boudou cargo contra el ex procurador general Esteban Righi cuando lo acusó de un supuesto ofrecimiento de lobby judicial, aunque luego el fiscal Di Lello archivó el caso.