El presidente Javier Milei decidió este jueves impulsar la creación de una fiscalía especial para investigar a funcionarios nacionales y provinciales en posibles casos de corrupción como enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “va a sugerir en lo inmediato al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”, y que permitirá “recuperar todos los bienes que sean producto del delito”.
“Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio”, aseguró.
Pero lo cierto es que esa fiscalía especializada en hechos de corrupción ya existe y funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), aunque sólo para agentes del Poder Ejecutivo.
Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez y se encarga de la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
Según la web del Ministerio Público laa PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
«Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales», dice la web.
En este caso, la iniciativa del Gobierno alcanza también entonces a funcionarios de los poderes legislativos, judicial y de los gobiernos provinciales.